Por Eduardo Rivas, corresponsal de NOVA en Zárate.

Que el cuidado personal depende de cada uno lo sabemos desde nuestro paso por el Jardín de Infantes, podremos tener ayudas, podremos tener quien nos defienda e incluso puede haber alguien que desde un poder superior busque la protección general, pero en última instancia la mayor responsabilidad es propia y tiene que ver con las cosas que uno hace, y no hace, para garantizar esa seguridad.

Con el COVID-19 esto quedó más expuesto. El Estado puede garantizar ciertos mínimos, pero siempre termina dependiendo de lo que nosotros hacemos o no hacemos para cuidarnos o exponernos a tener mayores posibilidades de contagio. Esto es claro y sería fútil discutirlo puesto que no hay posibilidad teórica ni fáctica de un control tal de la sociedad, sin un quiebre democrático, que garantice el cuidado absoluto de toda la ciudadanía. Desde ya, esta no es una opción válida, por lo que todo queda subsumido a lo que hacemos en el marco legal que establece el Estado.

Así entonces está en nosotros salir a caminar o ir a jugar al fútbol, participar de eventos en ámbitos cerrados o lugares abiertos, usando cubrebocas y manteniendo distancia sanitaria, de nosotros depende qué hacemos para cuidarnos, de nosotros depende como ejercemos nuestra ciudadanía, para utilizar el concepto con el que el gobierno promocionó acciones para cuidarse de la segunda ola de COVID-19.

Sin embargo, con la responsabilidad ciudadana no alcanza porque no todos tenemos la misma cuota de responsabilidad. Si así fuera la anarquía reemplazaría a la democracia como sistema de organización y libremente, todos pensando en el otro, conviviríamos en una sociedad armónica. Ya nos explicó Hobbes qué lejos estamos de esa armonía y que ‘el hombre es el lobo del hombre’, por ello algo externo, el Estado, rige sus relaciones. Ergo, además del cuidado ciudadano es imprescindible la responsabilidad estatal.

El Estado es quien debe garantizar el imperio de la ley, entendiendo el término como todas las normas legales incluidas las ordenanzas en el ámbito municipal, el Estado es quien debe garantizar la aplicación de la ordenanza que impone la obligatoriedad del uso de barbijo o tapabocas, el Estado es quien debe garantizar que no se organicen fiestas clandestinas, el Estado es quien debe velar, en última instancia, para que la responsabilidad ciudadana individual sea garantizada, puesto que ¿De qué sirve el cuidado personal si días después puede uno contagiarse en un ámbito de trabajo porque un compañero no tuvo los mismos cuidados?

Es claro que si bien hay mucha gente que se cuida, hay mucha otra que no lo hace y ahí es donde debe aparecer el Estado, como garante de la aplicación de la ley, que es quien posee el monopolio del uso legítimo de la violencia, pero no ejerce como tal.

Uno camina por la costanera y ve infinidad de personas sin barbijo, aunque la normativa local lo sancione.

Uno recorre los espacios públicos y encuentra numerosas reuniones de más de diez personas, aunque la legislación provincial lo prohíba.

Uno circula por el Distrito durante la noche y ve la realización de fiestas clandestinas, aunque se encuentren prohibidas.

Cierto es que el Estado no tiene los medios para poder garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas, y en consecuencia la normativa pierde utilidad puesto que no hay peor legislación que la que no se puede aplicar formalmente y es desobedecida, puesto que solo depende de la denuncia ciudadana para accionar… y a medias.

Así entonces la Dirección de Prevención Urbana, en lugar de prevenir cumple las veces de fiscalizadora de denuncias y encuentra que, en la mayoría de las situaciones las denuncias son reales.

Tomemos un ejemplo.

El último fin de semana se desarrolló una fiesta clandestina en Avenida Anta al 300, ‘frente a la estación’ como se promocionaba. En un sitio que no está habilitado para el desarrollo de este tipo de reuniones había un encuentro de personas bailando y consumiendo bebidas. Hubo denuncia de vecinos y se acercaron las autoridades municipales ¿Con qué se encuentran? Que entre los organizadores había funcionarios municipales, como en su momento cuando llegaron también por una denuncia de un vecino y encontraron al Secretario municipal Alejandro Cimiotta en una fiesta en La Florida. La diferencia es que en este caso la funcionaria es de menor rango y se labró un acta de infracción, mientras que en aquella oportunidad el Secretario de Seguridad se encargó personalmente para que sus subalternos no dejaran rastros del encuentro. (https://principedelmanicomio.wordpress.com/2020/12/22/la-fiesta-caffarista-la-fiesta-clandestina/) ¿Por qué se clausuró el encuentro? Por infracción a la Ordenanza 4830/20 (http://www.hcdzarate.com.ar/popup_concejodeliberante2.php?id_exp=13085), aquella que prohíbe ‘la realización de FIESTAS PRIVADAS, ILEGAL O CLANDESTINAS, bailes y/o cualquier tipo de espectáculos de características similares, realizados en inmuebles NO habilitados a tal efecto según normativas vigentes, sean tanto al aire libre o en espacios cerrados y que no hayan obtenido autorización Municipal previa’.

Lo curioso del caso es que aun estando habilitada la fiesta, ésta no se podía hacer dado que la Resolución provincial 928/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros (https://normas.gba.gob.ar/documentos/B3z4eWHj.html) que en el punto b de su artículo 2 establece que ‘b. Las actividades sociales, recreativas y familiares deberán desarrollarse con hasta un máximo de diez (10) personas.’

¿Por qué entonces se labra el acta como violación de una norma local? ¿Para poder cobrar la multa? ¿Para negociar el pago de la multa? ¿Para que al estar involucrados funcionarios municipales no se pague la multa? ¿Para ‘suavizar’ la reacción popular ante la falta cometida con participación de funcionarios municipales? ¿O para equiparar con la situación en que fue descubierto in fraganti el Secretario Cimiotta?

El municipio se lo pone difícil a sí mismo por la irresponsabilidad del Intendente Cáffaro que ante hechos flagrantes de incumplimiento legal por parte de sus funcionarios no adopta las medidas conducentes ejemplificadoras. Claro, es muy difícil para quien es un salteador serial de las normas legales querer imponer orden entre sus subordinados.

Difícil reclamarle a la ciudadanía responsabilidad cuando los funcionarios locales y el Estado municipal como tal no la tienen.

¿Qué ocurrió con la sanción de la fiesta clandestina de la participó Alejandro Cimiotta? (https://principedelmanicomio.wordpress.com/2020/12/22/la-fiesta-caffarista-la-fiesta-clandestina/)

¿Qué ocurrió con la sanción de la fiesta clandestina de la participó Matías Enz? (https://principedelmanicomio.wordpress.com/2020/12/27/sigue-la-joda/)

¿Qué ocurrió con la sanción de la fiesta clandestina que organizó el hijo del Secretario de Lima José María Orlando? (https://principedelmanicomio.wordpress.com/2020/12/28/los-hijos-del-poder/)

Si el propio Intendente municipal hace como ‘que no pasa nada’ y nada ocurre en esos casos, ¿Por qué sería diferente en este?

Si no se multó a Ariel Ríos ni a Patricia Moyano por no utilizar el barbijo o tapabocas que la Ordenanza vigente exigía, ¿Por qué pretenden exigírselo a la ciudadanía? (https://principedelmanicomio.wordpress.com/2020/04/08/ingenuidad-o-impunidad/)

Si los funcionarios no cumplen las normas, si son ‘funcionarios que no funcionan’ como diría la ‘Compañera Cristina’, como le gusta llamar al Intendente Cáffaro, ¿Cómo se hace para exigir su cumplimiento a los ciudadanos?

Este ejemplo que dimos de la fiesta de Avenida Anta es uno de las más de veinte fiestas clandestinas que hubo en el fin de semana en Zárate. Podríamos hablar de las que se hicieron en el barrio La Florida o de la que el fin de semana organizó el hijo de un Director de Nucleoeléctrica Argentina en una quinta de Lima, en definitiva, la mayoría de ellas con conocimiento municipal y que tienen un punto en común, son las fiestas del poder u organizadas por alguien cercano al poder, o con la participación de quienes lo detentan circunstancialmente. Decimos con conocimiento municipal porque son de amplia difusión.

Pero no solo por eso son las fiestas del poder… también lo son porque no tienen la sanción que el Estado Municipal dice que aplicará en caso que dicho accionar sea responsabilidad de cualquier otro ciudadano.

Como siempre miente Osvaldo Cáffaro cuando dice “sepan que ante un sector minoritario que de esta manera de forma irresponsable hace lucro jugando con la salud de nuestro pueblo, y principalmente de nuestros jóvenes, vamos a actuar con todo el peso de la ley”. Omitió decir siempre y cuando no participen representantes del gobierno municipal ¿Será que la ley local está a dieta y perdió peso?

Decía Celia Cruz “la vida es un carnaval… yo agrego “Zárate es una joda”.