Los jubilados y pensionados del sistema de la Anses que quedan excluidos del cobro de bonos sufren una caída del poder adquisitivo de sus haberes que acumula un 12,3% en los últimos 12 meses y que llega a 6% si se considera solo el primer semestre de este año. Eso significa que con los ingresos cobrados en junio último pudieron comprar un 12,3% menos de bienes y servicios que con los percibidos a mediados de 2022, y un 6,1% menos que con los haberes obtenidos a principios de este año.

Entre quienes sí perciben refuerzos, en tanto, hay quienes en lo que va de 2023 tuvieron pérdidas aún más pronunciadas que un 6%, porque en marzo de este año se redujo, respecto de los tres meses previos, el importe nominal de los bonos cobrados por quienes tienen haberes algo superiores al básico.

Y, además, incluso quienes cobran la jubilación mínima perdieron frente al alza promedio de los precios, aun considerando los bonos, si se tiene en cuenta lo ocurrido en la primera mitad de este 2023.

Los datos surgen de comparar los aumentos que tuvieron los haberes con el nivel de inflación. Según difundió ayer el Indec, entre junio de 2022 y el mismo mes de este año el índice de precios al consumidor (IPC) avanzó un 115,6%, en tanto que solo en el primer semestre de este año el incremento llegó al 50,7%.

Los ingresos de los jubilados y pensionados del sistema genera tuvieron, por los reajustes trimestrales que se hacen según los índices que arroja la fórmula de movilidad previsional aprobada por ley a fines de 2020, una suba nominal acumulada de 89% en los últimos doce meses, y un alza de 41,5% en el primer semestre de este año.

Detrás de esos números están las realidades de los jubilados en un contexto de alta inflación, pese a los intentos del ministro de Economía, Sergio Massa, por mostrar un acercamiento a los adultos mayores, en su rol de precandidato a presidente.

Así, por cada $100 que alguien cobraba un año atrás, hoy percibe $189. Y, si un conjunto de productos que valía $100 en el primer momento hoy cuesta $215,6 (es decir, si se le aplica la inflación acumulada), entonces con los $189 recibidos ahora se podrá adquirir el 87,7% de ese conjunto o canasta de bienes, en lugar del 100% que podía comprarse en el momento inicial de la comparación.

Quienes no están alcanzados por la política de compensación que implican los bonos de refuerzo son quienes tienen ingresos superiores a dos veces el haber mínimo mensual. Hoy esa cifra equivale a $141.876,48 en bruto (en rigor, quienes cobran entre ese monto y $146.876,48 reciben pequeños montos extras, solo para llegar esta última cifra y, así, evitar que, con un haber bruto mayor, se cobre menos en mano).

Los bonos -que surgieron en septiembre de 2022 como una política que intenta compensar la insuficiencia de la fórmula de movilidad diseñada por el actual Gobierno frente a la inflación creciente- no son iguales ni proporcionales para todas las personas que los reciben. Quienes cobran hasta el equivalente al haber mínimo, hoy de $70.938,24 en bruto (eso incluye a beneficiarios de pensiones no contributivas) recibieron $15.000 en junio y están percibiendo $17.000 este mes, en tanto que en agosto cobrarán $20.000.

Con el ingreso del mes último, quienes cobran el haber mínimo tuvieron un ingreso bruto total (sumando el refuerzo) de $85.938,24, mientras que en junio de 2022 habían cobrado $37.524,96 (sin bono) y seis meses atrás, $60.124,26 (el haber mínimo era de $50.124,26 y a eso se le sumó un bono de $10.000).

Así, mientras que la variación interanual es de 129% (con lo cual se da una recuperación de poder adquisitivo frente a la inflación de 115,6%), entre el inicio del año y junio último la suba efectiva fue de 42,9%, lo cual, frente a un alza promedio de los precios de 50,7%, determina una caída de poder adquisitivo en la primera mitad del año de 5,2%.

En el esquema contributivo, el haber mínimo es cobrado por el 46% de los jubilados y pensionados y el 87% de ellos ingresaron al sistema a través de una moratoria, según datos del boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social.

Pérdidas aún mayores

Para quienes cobran, por ejemplo, el equivalente a dos veces el haber mínimo, es decir, $141.876,48, hay en estos meses un refuerzo de $5000. Aun así, el poder adquisitivo de junio último fue un 9,2% inferior al de igual mes de 2022. En este caso, en diciembre de 2022 y en enero y febrero de este año se cobró un refuerzo de $7000, un monto mayor al de $5000 que se recibe en estos meses; en el ejemplo el poder de compra resultó en junio un 9,1% más bajo que el del ingreso mensual recibido al finalizar 2022.

Si el haber es de $106.407,36 en bruto (equivalente a una vez y media el mínimo), incluso considerando los $5000, de refuerzo en junio, el ingreso de ese mes fue inferior en un 8,2% al de un año atrás, en términos reales (medido por su poder de compra). Con respecto a lo que podía comprarse con los haberes cobrados a fines de 2022, en tanto, la pérdida resultó de 10%. En este caso, al igual que el del párrafo anterior, el adicional cobrado actualmente es inferior, nominalmente, al de diciembre, enero y febrero.

Otra manera de ver el deterioro que la inflación le produce al ingreso frente a reajustes que resultan insuficientes es analizar cuánto más, en pesos, debería cobrarse para poder adquirir lo mismo que en un momento anterior. Por ejemplo, un haber mensual que un año atrás era de $120.000 y hoy es de $226.800, debería ser de $258.720 para mantener el valor de compra que tenía a mediados de 2022, siempre si se toma como referencia la variación del índice de precios al consumidor del Indec. Es decir, en el ejemplo debería haberse cobrado en junio $31.920 más, un 14% adicional a lo que efectivamente se percibió.

El último reajuste de haberes según la ley de movilidad fue aplicado en junio último y fue de 20,92%con lo cual quedó unos tres puntos porcentuales por debajo de la inflación del período de abril a junio de este año, que resultó de 23,87%.

La fórmula de movilidad

Ya de manera continua desde septiembre del año pasado, el Gobierno otorga bonos de refuerzo ante la evidencia de la insuficiencia de la fórmula de movilidad, que está basada en la variación de los salarios y de la recaudación de impuestos.

Esa política de adicionales por fuera de lo que define la ley de movilidad tiene sus aspectos débiles: los montos no se incorporan al ingreso mensual, por lo que podrían ser eliminados o reducidos en algún momento (de hecho, lo otorgado a quienes cobran más que la mínima fue rebajado, tal como se indicó unos párrafos más arriba), y, además, no son para la totalidad de los jubilados, sino para un grupo, mientras que los afectados por la inflación son todos. Es una política que, de hecho, va en desmedro de quienes más aportaron al sistema.

La fórmula de movilidad no contempla entre sus componentes el índice de inflación. El cálculo se basa en la evolución de los salarios y de la recaudación de los impuestos que están en parte o en su totalidad destinados a pagar jubilaciones y pensiones. Pero son datos que, de todas formas, cuentan algo sobre la inflación. La modalidad tiene, además, un tope que depende de la recaudación de recursos derivados a la Anses y que, eventualmente, se aplica en cada diciembre.

Siempre se usan indicadores que tienen un rezago. Entonces, si el período tomado como referencia para calcular el índice tuvo una inflación menor a la del lapso más cercano al momento de otorgarse el reajuste -porque el índice de precios está con tendencia al alza–, la movilidad irá por detrás de los precios. También influye, claro, la marcha de la actividad económica, porque eso define cómo le va a la recaudación tributaria.

En el sentido contrario, si la inflación comienza a ir a la baja, entonces tenderá a haber una recuperación de los ingresos reales. Pero, tal como ocurre también con las pérdidas en los salarios y las recomposiciones posteriores, hay períodos en los que se habrán sufrido las pérdidas, más allá de que los mecanismos de actualización muestren después índices de recuperación.