Por Graciela Vizcay Gómez especial para NOVA

Unos pocos medios se hicieron eco del desastre ambiental ocurrido en Mercedes, Buenos Aires, con la explosión y posterior incendio de la planta de agrotóxicos SIGMA AGRO. El hecho ocurrió el día 27 de septiembre, pero se conoció días después y por la muerte de Rubén Ponce, de 43 años, con la mitad de su cuerpo quemado al caer en un pozo de desechos químicos, intentando salvar del fuego una maquinaria. 

Una muerte horrible en un río de biocidas, derivado tardíamente al Instituto del Quemado en CABA, falleció el día 3 de octubre. Sin embargo desde la Justicia, el fiscal Luis Carcagno manifestó que "respecto del humo que emanó por el incendio de la planta y que fue de gran preocupación en la zona, respondería a la quema de biodiesel y la combustión de plásticos en el lugar. En principio, las autoridades que concurrieron al lugar descartaron un impacto en la salud”. Todos fueron médicos y científicos por un día. Todos estuvieron expuestos, pero ni el fiscal sabe a qué peligros. De otra manera no debió declarar esa frase.

Silencio y ocultamiento

Los medios mercedinos publicaron algunas tibias líneas a lo que titularon un “incendio”, dejando ver al lector que no debería preocuparse, porque ocurrió en La Verde, a escasos 5 kilómetros del ejido urbano. Todos respiraron el olor fuerte a veneno, y el humo tóxico que por horas invadió la zona. 

Salvo excepciones, como el medio DatoPosta, el 3 de octubre publicó la nota: “Investigan si hubo negligencia de parte de la empresa en el incendio de La Verde”. La editorial relata que se inició una investigación “para determinar si existieron negligencias o la comisión de delitos de acción pública, y que se iniciaron actuaciones por ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 3 Departamental”, algunos presentes fueron “entrevistados” por dos asistentes del fiscal en el lugar, pero ninguno de ellos pertenece a la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, UFIMA.

¿Qué autoridades descartaron un impacto en la salud? ¿Qué científico confirmó que el humo era causa de biodiesel y plásticos? ¿Qué muestras se tomaron y qué laboratorio las va a analizar? ¿Se realizaron análisis a los pobladores?  ¿Se hicieron estudios en la sangre u otros, a los bomberos que actuaron en el incendio? (Bomberos Voluntarios de Mercedes, Navarro, Luján, Suipacha, General Rodríguez y San Andrés de Giles). ¿Quién responde por la quemadura por salpicaduras de los químicos en la pierna de uno de ellos? ¿Quién se preocupó por los pobladores de Gowland y Altamira que se encuentran a poco más de 3 kilómetros del lugar del siniestro? ¿Se analizó el agua después del derrame en la zona? ¿Quién controla los certificados de Impacto Ambiental de estas empresas y los requisitos para funcionar, elaborar y transportar mercadería tan peligrosa? ¿Cómo el Municipio de Campana autoriza a que los restos del derrame se depositen en ese distrito? ¿A qué distancia de cauces de agua y de la zona urbana? Se informó a la población de Campana esta decisión? Si no hace daño lo que se derramó, porque no lo dejaron en Mercedes? ¿Qué medidas tomó la empresa de saneamiento Tradex, además de remover la tierra y trasladarla a Campana? ¿Quién conoce a Tradex, y su idoneidad si ni siquiera tiene un sitio web donde consultar?

Sanear es tratar las aguas residuales, recoger los residuos y minimizar las emisiones de gases contaminantes, que siguen emanando de la fábrica, entre otras cuestiones. Es el Estado quien debe encargarse de desarrollar el saneamiento de aquellas zonas afectadas por la contaminación que obligan a la población a vivir en condiciones insalubres.

La fábrica además de depósito, es formuladora de los productos en un predio de 3 hectáreas y cuenta con 2.700 metros cuadrados de superficie cubierta. Dentro se encuentran las zonas de producción de Herbicidas líquidos, Aceites y Humectantes, y Herbicidas en polvo, los depósitos de materia prima y los depósitos de producto terminado.

Una bomba que estalló y que los medios esconden, y ningún diario de la Capital se encargó de informar a la población. Tampoco la empresa dio un parte de los hechos. Como en la tragedia de la India, también sucedió a la madrugada, con la ausencia de personal técnico especializado, solo un sereno que no era sereno, víctima por estar en el lugar equivocado, o contratado en forma irregular.

La OPDS es un organismo pintado, de funcionamiento obsceno hace años, nada que surja de ella es confiable. Es el Estado nacional quien debe ocuparse de este desastre ambiental que al "Hada Vidal" le queda grande, por su incapacidad y deforestación mental. Asimismo no veo preocupación desde el Municipio de Mercedes, algo que no es novedad en los casos de agrotóxicos para quien suscribe, que enfrenté  ferozmente al ex intendente Carlos Selva en el año 2011, por el reconocido caso del niño Estanislao Milesi, bañado con agrotóxicos en el patio de su casa, por una avioneta que fumigaba soja. Pese a sus amenazas y cartas documentos, logramos la Ordenanza N° 6998/11 para el municipio y esa denuncia sirvió de “caso testigo” para la redacción de la Resolución N°32/2011 emanada del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Hoy, el caso forma parte de nuestro Amparo ante la Corte Suprema con otras víctimas de los venenos. Una Acción de Clase contra las compañías  Dow AgroSciences, Nidera, Ciba-Geigy, Novartis, Agrevo, Syngenta, Pioneer y Bayer-Monsanto entre otros, de autos “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros”. Y porque no, existe la posibilidad de incluir en el Amparo a esta nueva víctima.

Por lo expuesto, los responsables deberían estar detenidos y/o imputados como mínimo por Estrago Culposo (Artículo 189 del Código Penal), por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, por acción u omisión. Con el agravante de que se causó la muerte de una persona y puso en peligro real y efectivo a otras. Esto último es suficiente para que tipifique en ese delito: ¿Señor fiscal, me sigue, me entiende? 

Todas las muestras que haya tomado serán insuficientes para el caso. Es mucho más grave que lo que usted supone, y de usted depende que la población, con claro derecho, comience a presentar Amparos por cada uno de los habitantes expuestos al humo y al peligro del derrame y a las consecuencias futuras. Algo que nadie tiene en cuenta.

Que los responsables paguen con el bolsillo mil veces su impericia, su precarización laboral y que las ciudades de Río Cuarto y Cintra (Córdoba), Tandil y Pehuajó tomen las medidas necesarias en los depósitos de esta misma empresa para que esto no se repita. Una empresa que posee en cada uno de los depósitos, toneladas y litros de: 2-4 D, Clorpirifos, glifosato, atrazina, glufosinato, paraquat, dicamba, picloram, entre otros herbicidas, insecticidas y coadyuvantes. Un arsenal de venenos tóxicos derramados en la explosión, sumado al humo potencialmente cancerígeno y disruptor endocrino de los plásticos quemados. Nada de qué preocuparse señor Fiscal, ¿Verdad? Estaremos al pendiente de su accionar.

Tuvimos un Bhopal en Mercedes, pero para los medios y las autoridades solo fue un escape de inodoro.