La misma Unidad Carcelaria 23 de Salta, ubicada en la zona norte de la ciudad, denunció el accionar de uno de sus guardias a quien imputaron por el delito de comercializar droga en el interior del penal federal.

El hombre, oriundo de Buenos Aires, fue sorprendido cuando ingresaba droga para vender entre los reclusos, además es investigado por la posible facilitación de teléfono celular a las personas alojadas en ese lugar.

La imputación penal, propuesta por el fiscal general Carlos Martín Amad, de la Unidad Fiscal Salta, fue admitida por el juez federal de Garantías 1, Julio Bavio, en una audiencia de formalización de la investigación penal realizada el martes pasado. A instancia de la fiscalía, el magistrado dispuso también la prisión preventiva del acusado.

Al presentar el caso, el fiscal Amad reveló que las actuaciones se iniciaron por una denuncia realizada desde el área legal del Complejo Penitenciario Federal NOA III, en la que se deslizó la sospecha de que el efectivo estaría implicado en la entrega de drogas a los internos, como así también de teléfonos celulares.

En vista de ello, el 18 de noviembre pasado, con la autorización judicial, se sometió al efectivo a una requisa al momento que ingresó a cumplir servicios en la unidad carcelaria federal 23, ubicada en la zona norte de la capital provincial.

Al ser informado de la medida, el mismo guardia reconoció que llevaba en su mochila un envoltorio de marihuana, como también dos teléfonos celulares, uno de los cuales identificó como de uso personal y el otro, provisto por la institución.

Bavio destacó que, ante el reclamo de cómo hacen los reclusos para obtener el estupefaciente, “aquí tenemos un caso que devela la manera”, valiéndose de un integrante del Servicio Penitenciario Federal, lo cual es “grave”.

De acuerdo con las evidencias, el fiscal solicitó al juez que se dé por formalizada la investigación penal por el delito de suministro de estupefacientes a título oneroso, agravado por la calidad de funcionario público del imputado, calificación legal que tiene una escala penal de 4 a 20 años de prisión.

Al referirse al hecho, el fiscal señaló que la investigación se encuentra en un estado incipiente y no se descarta la posible participación de otras personas en las maniobras, razón por la cual solicitó al juez la prisión preventiva del acusado.

Fundó su pedido en la naturaleza y gravedad del hecho, como también en los riesgos procesales latentes, entre ellos la posibilidad de fuga del acusado y especialmente el entorpecimiento de la investigación penal en curso.

Indicó, al respecto, que aún restan realizar diligencias investigativas claves para poder avanzar con el caso y solicitó autorización para llevar adelante peritajes técnicos sobre los teléfonos que fueron secuestrados. La defensa del guardia trató de minimizar la condición de funcionario público para solicitar a cambio la aplicación de una prisión domiciliaria del efectivo.

Al momento de resolver los planteos, el juez Bavio compartió los argumentos esgrimidos por el fiscal respecto a la gravedad del hecho y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.