El Tribunal Oral Federal 2 de Salta, integrado por la jueza Gabriela Catalano y los magistrados Domingo Batule y Abel Fleming, condenó el jueves último a Ramón Andrés Robles Funes, a su hijo Santos Nahuel Funes; a Paola Felisa Guillén, Javier Arnaldo Esquivel y Dardo Miguel Herrera, por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

Cuatro fueron condenados en calidad de autores: Robles Funes, quien dirigió la operación desde el Complejo Penitenciario Federal NOA III, fue sentenciado a 7 años de prisión, mientras que su hijo y Guillén recibieron penas de 6 años de prisión, y Herrera fue condenado a 2 años de prisión en suspenso. Esquivel, en tanto, recibió una pena de 3 años, también de ejecución condicional, pero en su caso como partícipe secundario de este delito.

La droga fue secuestrada en marzo pasado, en la Ruta nacional 40, a la altura de la localidad de Tolombón, donde personal de la Gendarmería Nacional detuvo un automóvil Peugeot 206 que era conducido hacia Tucumán.

Durante el control, uno de los efectivos advirtió que sobresalía una rama salía del panel del rodado, eso le llevó a profundizar la requisa y descubrió que llevaba ocho paquetes de droga en el sector de los guardabarros, por lo que el chofer quedó detenido.

Además, se secuestró documentación que daba cuenta de que Herrera había comprado este vehículo, también fue secuestrado el comprobante de pago de seguro de otro automóvil a nombre de Guillén y un acta de infracción vial labrada en Mendoza.

Estas pistas fueron parte de un rompecabezas. La investigación pudo determinar que la droga había sido obtenida en un viaje previo a Orán y que se usaba como base de operaciones un domicilio de la ciudad de Salta. Asimismo, se pudo identificar al resto de los implicados en la operación de tráfico, y surgieron pistas de otros posibles viajes anteriores de la organización a Mendoza.

En su voto en la sentencia el juez Fleming resaltó la labor de la fiscalía, que en este caso estuvo representada por fiscalasubrogante Paula Gallo, de la Unidad Fiscal Salta, que llevó adelante el caso desde su inicio, el 14 de marzo pasado, y la auxiliar fiscal Vanina Pedrana.

La presidente del tribunal, Catalano, basó su voto en la prueba presentada por Gallo, que en su alegato detalló de manera minuciosa y mediante una presentación digital los pasos seguidos para dar con todos los implicados.

Un conductor desde la cárcel

La fiscalía reseñó que en la investigación pudieron determinar las identidades y roles de la organización y así se llegó a Robles Funes, quien dirigió la operación desde una celda en el Complejo NOA III, donde estaba recluido por el transporte de 40 kilos de cocaína que fue interceptado la localidad de Guachipas en septiembre de 2019.

La jueza Catalano señaló que los datos fueron “corroborados todos con la profusa prueba producida e incorporada al debate" y todo eso "permite sostener sin duda alguna, la participación de todos los acusados”.

“Siempre se reclamó la necesidad de que se investigara la vinculación del transportista con los responsables de los transportes que estaban en los escalones superiores. En este caso, después del hallazgo del estupefaciente, utilizando estas herramientas se hizo una investigación hacia adelante y hacia atrás, a partir de la información brindada por Herrera y la documentación que se encontró en el vehículo”, sostuvo a su turno el juez Batule.

Precisó que toda la información, mensajes, llamadas obtenidas por la fiscalía, son producto de la explotación de los teléfonos que fueron secuestrados. “No hay intervenciones telefónicas como en otras causas de las cuales van surgiendo las comunicaciones y a partir de allí se llega al hallazgo del estupefaciente. En este caso, a partir del hallazgo del estupefaciente se logra determinar los otros responsables de este transporte”, destacó.

Para el juez, incluso, no solo se pudo corroborar la responsabilidad de este transporte en particular, sino que “de la información obtenida se puede incluso inferir que habría existido otro transporte de estupefaciente en los primeros días de febrero de 2021”.

“La investigación da cuenta de los recaudos que tomaba esta organización para no ser descubierta. Hay poco contacto con el estupefaciente”, añadió.