La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento de seis empleados del municipio de Maipú, provincia de Buenos Aires, acusados de impedir el voto de un grupo de ciudadanos de cara a las elecciones de octubre.

Raúl Esteban Ibarra, Miguel Ángel Silva, María Alejandra Fernández, César Javier Nievas, Carlos Enrique Villalba y Diego Leonardo Miluzzi, personas de alta esfera jerárquina del intendente Matías Rappallini.

De esta forma, los jueces ratificaron el fallo que el año pasado dictó el magistrado electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla.

Según pudo saber este medio, los imputados trabajaban bajo distintas maniobras. Una de ellas consistía retenerles el DNI a los que suponían que iban a votar en contra del intendente Matías Rapallini.

Por otro lado, estas personas les decían a los vecinos que debían guardar su documento de identidad con la excusa de gestionarles distintos trámites municipales, tales como planes sociales o cuestiones relacionadas con infracciones de tránsito.

La acusación también sostiene que los imputados hacían “clientelismo político”, sobornándolos con alimentos, materiales para la construcción y colchones.
En algunos casos, las víctimas fueron obligadas a entregar su documento bajo amenaza de perder el trabajo en las cooperativas de la intendencia.

En este sentido, el fallo firmado por los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, destaca que se comprobó la existencia de “un mecanismo coordinado y gestado desde esferas jerárquicas de poder del gobierno municipal, dirigido a manipular la voluntad de una serie de ciudadanos de la localidad de Maipú, y así intervenir ilícitamente en los comicios desarrollados el 27 de octubre de 2019″.

El Tribunal también señaló que se verificó “un complejo dispositivo que conjugó diversas formas de condicionamiento” por parte de funcionarios municipales de Maipú.

Asimismo, la sentencia detalla que la compra de votos es una “práctica típica del clientelismo político”, en la cual los votantes “son sobornados para que se comprometan a un particular y determinado comportamiento electoral”.

El Tribunal también pidió al Ministerio Público Fiscal profundizar la investigación y eventualmente definir si corresponde “ampliar el abanico de responsabilidades”.