La causa por el crimen de Fernando Iván Couste (21) está camino al juicio oral, que ya tiene fecha definida después de que terminara la etapa de recolección de pruebas. Sin embargo, en un hecho insólito, la Justicia sobreseyó en las últimas horas a uno de los principales acusados.

Se trata del asesinato ocurrido la madrugada del 3 de octubre del 2015, en un departamento de 29 y 81, en Altos de San Lorenzo, donde cuatro hombres entraron a la fuerza y acribillaron al joven de 21 años en un presunto hecho mafioso.

La policía detuvo a cuatro sospechosos, entre ellos a Miguel Enrique Tobar (44), hermano del gremialista de la UOCRA Iván Tobar. El acusado estuvo preso desde el 13 de junio de 2019, después le otorgaron prisión domiciliaria, pero este martes fue sobreseído y posteriormente liberado.

Así lo resolvió la jueza Carolina Crispiani, titular del Tribunal N°5 de La Plata, quien cuestionó la investigación y aseguró que no hay pruebas o mérito suficiente para juzgarlo por el crimen, en un juicio por jurados que tenía fecha para 2026.

Fue tras una presentación que hizo el defensor de Tobar, el abogado Damián Barbossa. El letrado reveló que uno de los testigos que mencionó a su cliente como parte de la banda que mató a Couste, habría sido influenciado por el fiscal Álvaro Garganta y los policías que lo detuvieron. Señala además que se trató de un intento de inducir al declarante para que incluya al "Negro" (el apodo de Tobar) entre los sospechosos de la balacera mortal, y que si no lo hacía, podía sufrir represalias.

El testigo fue llamado a declarar nuevamente y aseguró: "No tengo ninguna relación con Tobar, ni siquiera sé si pertenecía al grupo de Jairo y Gambini". Estos últimos son los otros dos sospechosos imputados que irán a juicio.

“El oficial que me tomó la declaración era Camerini y el otro Omar Juliá, ellos conocían a las personas que yo les nombraba e insinuaban que yo diera nombres, no de una manera coactiva, pero me lo insinuaban por una cuestión de líneas investigativas. Yo di los nombres que tenía que dar y ellos me nombraban al Negro Tobar, que supuestamente estaba con la gente que yo había nombrado. Yo eso no lo sabía, no me constaba eso en ese momento. De hecho, yo no lo conocía a Tobar, nunca había tratado con él, ni tampoco había tenido ningún problema con él. Cuando terminamos la declaración, imprimieron la hoja y yo simplemente firmé, sin leer nada. Y aunque yo hubiera leído la declaración en ese momento, no habría entendido nada, estaba en una situación de shock importante", expresó el testigo.

También relató la situación que vivió en la oficina del fiscal: “Un día que estaba en Uruguay me llamó a mi celular el fiscal Garganta y me dijo que tenía que declarar, pero que antes tenía que hablar con él. Por ese motivo me volví al otro día, me presenté en la Fiscalía y me encontré con Garganta que estaba junto a un secretario en el subsuelo, me llevó a un lugar que parecía un departamento. Él me decía que había metido gente presa importante y que lo quería meter preso a Tobar. Yo le dije lo mismo que a los policías, que no lo conocía. Me dijo que tenía que ir con el secretario a hacer la declaración, yo declaré y después vi que decía otra cosa. Garganta me nombró las causas que yo tenía en ese momento, me quiso intimidar, me sentí incómodo, mal. Siempre dije que Tobar no era el autor. El fiscal estaba en contra de lo que yo decía, pensé que me iba a meter preso. Me apretó la policía primero, y después el fiscal Álvaro Garganta.”

La jueza Crispiani fue dura al mencionar que la actuación del funcionario del Ministerio Público no corresponde y, ante la gravedad de los hechos, corrió el traslado a la fiscal Victoria Huergo, quien no se opuso al sobreseimiento solicitado por la defensa y recomendó “remitir copia de la presente y, de todas las audiencias celebradas a la Fiscalía en Turno, para que se lleve a cabo una investigación con relación a la actuación de los funcionarios públicos involucrados”.

La jueza explicó: “La primera cuestión que quiero señalar es que de la causa no existe ningún elemento que tenga que ver como prueba directa que involucre o que vincule a Tobar con estos hechos. Todos los testigos han sido contestes al manifestar que no pudieron identificar la cantidad ni la identidad de las personas que ingresaran al departamento".

“No debemos olvidar que la ley establece que la relación de la persona acusada con el delito y su culpabilidad deberán ser probados más allá de toda duda razonable. Esto significa que para llegar a la celebración de un juicio por jurados debemos contar con prueba suficiente y convincente para que pueda ser derrotada la presunción de inocencia”, agregó Crispiani.

“Con solo releer los testimonios vertidos por las víctimas puede claramente concluirse que no están dadas las circunstancias para que el señor Tobar sea enjuiciado por su responsabilidad en este hecho. Hacerlo -adelanto- atentaría contra el principio de economía procesal, y se presentaría como un dispendio jurisdiccional innecesario”, destacó.

“Por tal motivo, mi compromiso como operadora judicial es estar a la altura de las circunstancias que el pueblo reclama, repudiando como servidora pública los 'confusos, graves y delicados episodios' que se han suscitado en la presente investigación y que han sido puestos de manifiesto ante mi persona por las víctimas directas del hecho sometido a juicio, y en dicha línea es que solicitaré se lleven a cabo investigaciones exhaustivas que permitan dar respuesta a las graves irregularidades que han sido denunciadas”, adelantó la jueza.

En medio del escándalo por el supuesto apriete de los investigadores, y al no haber pruebas contra Tobar, Crispiani dictó su sobreseimiento y dispuso su inmediata libertad. Además, ordenó investigar al fiscal Álvaro Garganta y a los policias de la DDI, el oficial Damián Camerini y al oficial principal Héctor Omar Juliá, entre otros posibles funcionarios
implicados.

En tanto, los otros tres hombres que aún permanecen detenidos por el caso, irán un juicio oral recién en 2026, pero se resolvió que no sean juzgados por un jurado popular, sino por un Tribunal ordinario.