En un Municipio donde los recursos deberían traducirse en servicios concretos para los vecinos, una auditoría dejó al descubierto una controvertida práctica: 42 empleados municipales que, lejos de cumplir tareas en el municipio, trabajaban para el sindicato de Olavarría.

En Olavarría, el escándalo no descansa ni en vísperas de un año electoral. La denuncia realizada por el intendente Maximiliano Wesner (Unión por la Patria) encendió una polémica que, como buen capítulo de la política argentina, combina sospechas de corrupción, acusaciones cruzadas y una cuota de surrealismo.

Según la auditoría municipal, 42 personas con sueldos municipales trabajaban exclusivamente para el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO). ¿Cómo se explica semejante acuerdo? Según las autoridades locales, se trata de una "herencia" de la gestión de Ezequiel Galli (PRO), que decidió ceder trabajadores municipales al gremio como si se tratara de un préstamo sin devolución.

El dato más impactante es que, al inicio de la gestión Wesner, eran 73 los empleados que, aunque cobraban de las arcas municipales, no prestaban servicios para el municipio. Este "cambio de manos" laboral incluía tareas en el Complejo Sindical Recreativo, "La Mutual" y otros espacios manejados por el sindicato. Para dar un toque de ironía a esta saga, desde el municipio aclaran que “no existe nada parecido en ningún otro distrito de la provincia”.

El STMO, liderado por José Stuppia, no tardó en salir al cruce. En una entrevista, el sindicalista argumentó que esta práctica tiene más de 20 años y que comenzó con la gestión del histórico intendente Helios Eseverri.

Según Stuppia, el sindicato cumplía un rol social de importancia: contención para niños, apoyo psicológico, actividades deportivas y servicios gratuitos. Eso sí, omite mencionar por qué esos nobles objetivos debían financiarse con recursos municipales en lugar de los propios fondos sindicales.

De acuerdo con el gremio, el municipio "colaboraba" poniendo recursos humanos, mientras ellos cubrían otros costos, como colectivos para trasladar niños de barrios periféricos. ¿El costo de esta “colaboración”? Unos 47.835.639,84 pesos mensuales en sueldos, cifra que según la gestión Wesner, equivale a desviar fondos que deberían financiar servicios municipales reales.

Por supuesto, este escándalo no podría explicarse sin un trasfondo político. La herencia de Galli (PRO) quedó al descubierto, pero las preguntas son inevitables: ¿Cómo se aprobó este esquema? ¿Hubo connivencia explícita entre el sindicato y la gestión anterior? Y más aún... ¿Cuánto de esto fue parte de un acuerdo de conveniencia política?

La respuesta del STMO no convence del todo. Si bien resaltan su rol social, el hecho de que 16 de los empleados "cedidos" sean parte de la comisión directiva del gremio, y que no hayan tramitado licencia gremial ni cumplido funciones municipales, da pie a pensar que más que solidaridad, hubo acomodo y abuso de poder.