Julio César Alandi Tejerina es considerado uno de los jefes narco de mayor poder y alcance de distribución de cocaína y marihuana en el Gran Mendoza. Después de años de seguimiento, finalmente la Policía contra el Narcotráfico (PCN) lo capturó el viernes 27 de agosto mientras escapaba en su camioneta con una importante cantidad de dinero por las calles de Ciudad.

Alandi Tejerina es conocido como "El Boliviano César". Tiene 45 años. Y una investigación que duró poco más de dos meses permitió el día de su caída secuestrar 7170 kilogramos de marihuana y 1495 de cocaína en una propiedad que conocía.

Las sustancias estaban escondidas en el domicilio de una pareja que respondía al presunto jefe, a un par de metros de donde tenía su agencia de compra-venta de vehículos.

Andrea Susana Farías (26) y Cristian Fabián Valdez (42), llamado "El Loco" o "Gordo Pepe", quedaron complicados en la instrucción federal por el acopio y la venta de la mercadería que sería del "Boliviano César".

Hace pocos días, la Cámara Federal de Apelaciones, con la firma de los jueces Alfredo Rafael Porras y Juan Ignacio Pérez Cursi, no hizo lugar a los recursos de apelación que presentaron los detenidos y confirmó el procesamiento con prisión preventiva dictado un mes después de las detenciones.

Básicamente, los camaristas entendieron que, para esta etapa del proceso, el trío debe continuar en la penitenciaría hasta que llegue a juicio oral.

Detrás de las resoluciones judiciales hubo una pesquisa de la PCN que permitió conocer cómo se desarrollaban las maniobras de comercialización de estupefacientes en Guaymallén. Para los investigadores no se trataba de un simple “quiosquito” para la venta al mejor estilo narcomenudeo (pequeñas cantidades). Estaban ante la venta “por ladrillos” de marihuana o “panes” de cocaína, tal como detallaron.

Efectivamente, gracias a las tareas policiales de campo en un domicilio de calle Servet de Guaymallén y las escuchas telefónicas que desarrollaron después del 3 de mayo, cuando ingresaron una serie de denuncias anónimas sobre el modus operandi de los sospechosos, se confirmó que la droga, agregaron las fuentes consultadas, era propiedad de Alandi.

Justamente, la defensa del señalado cabecilla cuestionó las pruebas incorporadas para que dicten la medida cautelar porque, surge de los procedimientos policiales, no le encontraron estupefacientes en su poder.

Sin embargo, los diálogos registrados entre el Gordo Pepe y su mujer, además de otros familiares que continuaron hablando sobre los estupefacientes después de los allanamientos y secuestros realizados, fueron suficientes para mantenerlos en una prisión federal.

En las comunicaciones dejaron entrever que sabían que podían recibir la visita de la policía en cualquier momento. Hacía referencia a que les iban a “reventar” la casa y que debían “limpiarla”.

De la investigación surge que Alandi era responsable de una agencia ubicada a dos casas del Gordo Pepe y Farías. Y la proximidad fue una prueba fuerte para confirmar la conexión.

En una comunicación que tomaron los policías un día después de las detenciones, realizada por una presunta hermana de Valdez con un hombre no identificado, comentaron lo que había sucedido durante los allanamientos. “Se lo llevaron al Gordo... Y también a la Andrea”, dijeron.

El Ministerio Público, a la hora de argumentar el caso para evitar que el trío recupere la libertad, aseguró que el hecho de que no existan escuchas entre Alandi y su familia o no le hayan encontrado sustancia estupefaciente en su poder no alcanza para desligarlos de la causa.

Esto porque la prueba existente se desprende del resto de los elementos valorados, es decir, las denuncias anónimas, las intervenciones telefónicas a los coimputados (Valdez y Farías), la cercanía de la concesionaria de Alandi y las comunicaciones de terceros, que lo ubican como el principal responsable de la droga secuestrada.