La defensa de Martín Santiago Del Rio, el comerciante procesado con prisión preventiva por el doble crimen de sus padres ocurrido en agosto pasado en el partido de Vicente López, recusó a los tres fiscales que investigan el caso al considerar, entre otros motivos, que tienen “una mirada sesgada” contra su cliente y que actúan con “arbitrariedad” y “falta de objetividad”, informaron fuentes judiciales.

El pedido de recusación fue formulado por la abogada del imputado, Mónica Chirivin, ante el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, quien fijó una audiencia oral para tratar la cuestión para el próximo jueves a las 11, en la sala del entrepiso de los tribunales de la calle Ituzaingó 340, de la mencionada localidad del norte del conurbano.

Además de la defensa -la presencia del propio Del Río (47) no está confirmada-, participarán los fiscales y los abogados del particular damnificado que en esta causa es Diego Del Rio, hijo mayor de las víctimas y además hermano del principal imputado.

Los tres fiscales recusados son Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, todos de Vicente López e integran del equipo fiscal que para esta causa se conformó por decisión del fiscal general de San Isidro, John Broyad.

En uno de los párrafos iniciales, Chirivin manifestó la “absoluta pérdida de confianza” que tiene en el Ministerio Público Fiscal (MPF) y también “en el criterio con que desarrolla la pesquisa”.

Como motivo central de sus dudas, la letrada mencionó “la falta de vocación de quienes representan al MPF, para posibilitar el descubrimiento de la verdad por cuanto poseen una mirada sesgada", en contra de su "ahijado procesal”.

Chirivin afirmó que el “Equipo de Fiscales” no asegura la “garantía de objetividad”, y que “a lo largo de esta investigación" actuaron "con arbitrariedad en relación a la acusación”.

En otro tramo del escrito, dijo que los fiscales “actúan deliberadamente como ‘amos y señores de la prueba’, afectando de esta forma garantías constitucionales del imputado como ser la defensa en juicio y el debido proceso”.

Al detallar en seis puntos los cuestionamientos a los fiscales de la causa, Chirivin reeditó algunos de los argumentos centrales de lo que fue su apelación ante la Cámara de San Isidro, de la prisión preventiva de su cliente.

En primer lugar, cuestionó la declaración testimonial de Paola C., la agente inmobiliaria con la que Del Rio mantenía una relación extramatrimonial y que fue la primera testigo que, por su forma de caminar, lo reconoció en los videos de la causa como el “caminante encapuchado” que quedó filmado llegando y retirándose de las inmediaciones de la escena del crimen.

Para la abogada, en esa declaración “las preguntas realizadas por la fiscalía estaban direccionadas a inculpar a Martín Del Rio” y planteó que esa noche la mujer estuvo ilegalmente detenida y que su declaración contra su cliente “ha sido la llave para recuperar su libertad”.