El 18 de octubre de 2022 dio comienzo ante el Tribunal Criminal 7 de Lomas de Zamora el juicio oral contra los policías de la DDI Lomas de Zamora que según la hipótesis acusatoria fiscal habrían extorsionado a feriantes de “La Salada” entre los años 2016 y 2018.

El juicio fue impulsado por el ex ministro de seguridad del gobierno macrista en la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, quien operará sobre el procurador general Julio Conte Grand quien a su vez utilizará a su alfil preferido, el imberbe Fiscal Sebastián Scalera.

Lo cierto es que todo este grupo de investigados enfrentó una penosa instrucción propia de una causa armada en tanto se utilizó la figura de asociación ilícita a los fines de impedir la excarcelación de los imputados, que sufrieron detención bajo régimen de prisión preventiva por casi 5 años.

Por su parte el tribunal actuante viene de sufrir un duro revés de la instancia casatoria que en el caso “Bazán” (Causa número 104124 caratulada “Bazán Marcos Esteban S/ Recurso de Casación) emitió fuertes juicios de valor sobre la actuación de jueces y fiscales, declarando la nulidad del juicio y ordenando la celebración de uno nuevo en legal forma, por lo que se presupone que en este proceso judicial optimizará sus recursos para dictar un fallo justo y desconectado de la política.

Ingresando en los delitos que se ventilan lo cierto es que 16 efectivos distribuidos entre la bonaerense y la DDI de Lomas de Zamora enfrentan un juicio con alto contenido político ya que esta causa fue forjada por Cristian Ritondo, quien posiblemente quiere quedarse -con la caja de esos 12 mil puestos, que equivale aproximadamente a 3.600.000 dólares mensuales- y se los acusó de integrar una organización ilícita que extorsionaba feriantes de “La Salada” y también a otros comerciantes de Esteban Echeverría y Almirante Brown. Además, hay un civil involucrado y dos prófugos.

Volviendo a Ritondo, se mencionó oportunamente a su jefe de Gabinete, Marcelo Rochetti como su interlocutor válido para la obtención de la caja ante el Rey de La Salada, Jorge Castillo, a cambio, Ritondo le habría ofrecido apoyo policial, judicial y político, ante la negativa terminó detenido en 2017, cabe señalar que Rochetti renunció a su cargo en 2018, tras una denuncia de Elisa Carrió, quien señaló que era socio en una aseguradora de Alfredo “Freddy” Lijo, operador judicial y hermano del juez federal Ariel Lijo, todos nombres vinculados en una causa por presunta asociación ilícita. Rocchetti compartía negocios en Caledonia SA, una aseguradora de autos con un millonario pasivo, con Freddy Lijo, un escurridizo operador judicial que, según la denuncia de Carrió, aceitaba el vínculo entre empresarios y la justicia federal a través de su hermano Ariel, titular del Juzgado Federal número 4.

“De Vido era el jefe y Alfredo Lijo era el organizador, es decir, el articulador entre los dos sectores que conformaban la banda: el sector de algunos jueces y fiscales a los que tenía acceso a partir de la relación con su hermano, el juez Ariel Lijo y, por otro lado, los empresarios o funcionarios que requerían de sus servicios para la obtención de beneficios en las causas”, escribió Carrió oportunamente.

Queda a la vista el “modus operandi” de Ritondo, utilizando el “apriete” judicial para lograr la obtención de la tan preciada caja, hoy es el turno de la “supuesta” banda de funcionarios policiales.

Los hechos por los cuales juzgan a los policías habrían tenido lugar entre los años 2016 y 2018 en la feria de “La Salada”, Esteban Echeverría y Almirante Brown, y los cargos que enfrentan son por “Delitos de Asociación Ilícita en Carácter de Organizador, Cohecho, Falsedad Ideológica, Incumplimiento de los Deberes de funcionario Público, Ocultamiento de Pruebas y Encubrimiento Agravado, todos ellos en Concurso Real entre sí”, vale decir, prácticamente todo el código penal.

Para el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (integrado por los jueces Santiago Márquez, Elisa Beatriz López Moyano y Roberto Alfredo Conti) que lleva adelante el juicio, los acusados, que en su gran mayoría prestaban servicios en la comisaría Décima de Budge y en la DDI de este distrito, trabajaban de forma mancomunada y coordinada para desplegar la organización criminal que habría recaudado grandes sumas de dinero ilegal.

La prueba colectada en el debate no ha logrado acreditar los hechos de la supuesta organización, y además ha dejado de manifiesto la inocencia de personas que sin prueba alguna en su contra fueron confinados arbitrariamente, tal el caso del comisario Marcelo Maurino que fue incluido con un conjunto de personas desconocidas y cuyo radio de actuación territorial era diferente.

La semana próxima serán los alegatos y se presume que el Ministerio Público Fiscal podría llegar a desistir de algunas de sus acusaciones para evitar su exposición al ridículo y ser acusado de prevaricato.

Lo increíble para quienes siguen de cerca el caso es la endeblez acusatoria, la indeterminación fáctica y circunstancial de la secuencia imputativa. Intervienen por las defensas un ejército de abogados sobresalientes, lo que presagia una segura absolución de los cargos.