En solo dos meses de Gobierno, las nuevas autoridades de la Oficina Anticorrupción (OA) ya radicaron 35 denuncias por posibles incumplimientos o inconsistencias en las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos y también de los ex integrantes que terminaron su gestión el 10 de diciembre, y tenían la obligación de presentar sus papeles correspondientes al período 2023.

Algunas de las denuncias apuntan contra funcionarios propios, aunque sus nombres todavía no trascendieron. Con personas, equipos y organizaciones que todavía están asentándose y encontrando un lugar frente al tablero de comando del Estado, en la OA prefieren espera a que los apuntados respondan o resuelvan las situaciones pendientes antes de difundir sus nombres. Igualmente, aclararon que "no hay nombres conocidos ni funcionarios de primera línea".

Todavía, todo queda en el plano administrativo: si bien la Ley aún le concede al organismo la potestad de querellar en los tribunales, el ministerio de Justicia dijo públicamente que ya no lo harán en casos de corrupción: sólo lo hará "cuando sea 'extremadamente necesario'”. Sin embargo, rechazan que esa decisión sea parte de "un plan de impunidad".

La Oficina Anticorrupción cumplió un rol clave en muchos casos de corrupción como la Ruta del Dinero K, donde Lázaro Báez (ex socio comercial de Cristina Fern[andez de Kirchner) terminó condenado a diez años de cárcel por haber lavado 55 millones de dólares. Pero entre 2019 y 2023, el organismo se retiró de los expedientes en los que se encontraba querellando. Ahora, la administración de Javier Milei tiene la encrucijada respecto de qué camino seguir.

Antes de asumir, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona había dicho que la OA iba a volver a querellar, al igual que la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero tiempo después se retractó de ese criterio y sostuvo que este Gobierno “no hará persecución de funcionarios” y acusó al macrismo de usar la OA y la UIF para tales fines.

En la actualidad, los organismos no perdieron su potestad legal para asumir una querella, pero según señalaron fuentes oficiales a los medios nacionales, “no será un criterio prioritario como política del organismo”.

A la fecha hay más de 300 investigaciones preliminares, que iniciaron durante la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación. La mayoría continuaron abiertas durante el gobierno de Alberto Fernández con la dirección en el organismo, de Félix Crous, quien como principal acción se retiró de todos los casos de corrupción en los que estaba querellando. La mayoría era contra ex funcionarios kirchneristas y a la propia ex vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En esta etapa, su actual director, Alejandro Melik sostiene que el organismo que depende del ministerio de Justicia, tiene la facultad de querellar y mientras la ley no diga lo contrario esa facultad tiene vigencia. “Esto es por ley y es la actual situación. Si la decisión del Congreso es esa, seguiremos esa manda. Si no, acataremos lo que finalmente se resuelva. Si se mantiene la facultad, querellaremos a quienes consideremos que perjudicaron los intereses el Estado”.

En el organismo que debe poner la lupa sobre las declaraciones de bienes de los funcionarios (como aquellos que dejaron la función y deben presentar la documentación correspondiente al último período fiscal, que cerró en diciembre de 2023) hay 301 investigaciones preliminares abiertas.

Pueden ser o por hechos de corrupción o por incumplimiento de declaraciones juradas.

"Desde que asumieron las nuevas autoridades hasta hoy, se realizaron ante la Justicia 35 denuncias o por incumplimiento de declaraciones juradas o por posibles hechos de corrupción”, explicaron fuentes oficiales.

El hecho reiterado es el incumplimiento: “en todos los casos se está relevando uno por uno para avanzar, pero todo se investiga. Lo que está en trámite se sigue para avanzar hasta el resultado que corresponda y lo nuevo se investiga con objetividad también. Sin distinción de ideología”. En este punto reiteraron algo: “No hay impunidad ni privilegios para nadie”.

Ese mensaje no es casual. Algunos sectores de la oposición a La Libertad Avanza hablan sobre un supuesto pacto de impunidad para no investigar la corrupción, el gobierno busca dar algunas señales que dentro del Poder Judicial no terminan de “ser ni claras ni sustentables desde lo jurídico”, como señalaron en Comodoro Py.

La última iniciativa del oficialismo, entregada al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, fue la creación de una nueva procuraduría anticorrupción.

Cuando Clarín le preguntó a Casal sobre dicha iniciativa, su viabilidad y si efectivamente era necesaria, respondió: “Es bueno tener propuestas, a lo mejor otras miradas, pero actualmente las investigaciones y las acusaciones en hechos de la corrupción las llevan todos los fiscales del fuero federal a lo largo de todo el país, que cuentan con la asistencia de dos procuradurías especializadas. Además existen direcciones de apoyo en materia de delincuencia económica y de asistencia a las investigaciones penales. Siempre que los fiscales han requerido apoyo frente a causas complejas, como suelen ser las de este tipo, se les ha brindado desde la Procuración".

Finalmente, agregó algo más sobre el tema, “el sistema está funcionando de acuerdo a la ley y a la forma en que está organizado el Ministerio Público. Habría que analizar si lo que se propone sirve para mejorar, si se puede insertar y que no signifique un entorpecimiento Definir la competencia de esa fiscalía, quién la encabeza, cómo se lo designa, el presupuesto. Es complejo”.

Esa iniciativa convive con el rol de la OA, que mirá más sobre los funcionarios, sus declaraciones patrimoniales y posibles inconsistencias en las mismas que podrían derivar en la formalización de una denuncia penal.