El fiscal federal de Moreno, Leonardo Filippini, denunció ante la Fiscalía Federal N° 2 de Morón, a cargo de Mariela Labozzetta, la posible defraudación y existencia de negociaciones incompatibles con la función pública en el procedimiento licitatorio y en el control de la ejecución de los trabajos de una de las obras del proyecto “Redes Finas de Cloacas Moreno, Catonas IV, Norte y Sur”.

Las obras corresponden al “Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Reconquista”, financiado con el Préstamo 3256/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), suscripto por el Estado de la provincia de Buenos Aires y con garantía del Estado Nacional.

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De acuerdo con la denuncia, esta obra en particular fue licitada en marzo de 2017, durante la gestión del exintendente de Moreno, Walter Festa, y adjudicada en noviembre del mismo año por un precio cotizado de $96.659.714,90 pesos, con un plazo de ejecución de obra de 300 días corridos.

Sin embargo, la empresa seleccionada entró poco después en concurso de acreedores y los trabajos se vieron paralizados por casi 100 días. A pesar de las considerables demoras registradas, los entonces funcionarios del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, con la intervención de los organismos de asesoramiento y de control, y sin observaciones del Estado Nacional, otorgaron sucesivas prórrogas.

Al vencimiento de la segunda prórroga habían transcurrido casi 2 años desde el inicio del contrato y ya se había autorizado un total de 344 días adicionales a los previstos, aun cuando el avance físico era de apenas el 39,9%. Las autoridades concedieron primero 103 días más y luego otros 88 días corridos adicionales, durante los que no se verificaron avances. Luego abrieron una instancia de renegociación, la cual quedó frustrada, en la que se estaba considerando la posibilidad de otorgar otros 270 días corridos para la conclusión del trabajo.

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Finalmente, el contrato con la adjudicataria se rescindió en octubre de 2022. En el proceso, la empresa reclamó la liquidación de intereses por mora en el pago de certificados, aunque luego terminó desistiendo de su pretensión.

En ningún momento la empresa fue intimada, apercibida o sancionada por incumplimientos, ni se le reclamó indemnización alguna. La situación fue advertida por la Fiscalía Federal de Moreno, que remitió estos antecedentes a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, para su consideración.

La procuraduría especializada emitió un dictamen que constituye la base de la denuncia presentada por el fiscal Filippini. Identificó una serie de irregularidades en dos instancias: la primera, en relación al propio proceso licitatorio, referida a la posibilidad de direccionamiento hacia la empresa adjudicataria; la segunda, en la ejecución de la obra, vinculada a la falta de control de ejecución de obra y prórrogas otorgadas a pesar de la ausencia de avances. Concretamente, la PIA detectó que:

• La oferta de la empresa adjudicataria no cumplía con los requisitos exigidos por las bases de la contratación;
• La supervisión de la marcha de los trabajos fue inadecuada y buscó garantizar la continuidad del vínculo comercial, en lugar de proteger los intereses estatales y garantizar la ejecución de la obra;
• Las extensiones del plazo de finalización de la obra fueron tramitadas y concedidas de manera irregular, en ocasiones sin contar con documentación respaldatoria;
• El contrato de licitación fue finalmente rescindido, generando la paralización de las obras y la necesidad de iniciar un nuevo procedimiento licitatorio que hoy se encuentra en curso.

La denuncia señala que la falta de ejecución de la obra, además de perjudicar el patrimonio estatal, afectó negativamente la calidad de vida de las y los habitantes de la zona, contribuyó a la degradación del ambiente y la salud y dañó la confianza pública en la posibilidad de canalizar adecuadamente expectativas comunes de desarrollo humano.

Por todo esto, con la colaboración de la PIA y en función de los términos de su habilitación de acuerdo con la Resolución MP 188/2018 de la Procuración General de la Nación, la Fiscalía Federal de Moreno presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, la que requirió su instrucción y promovió la realización de distintas medidas de prueba.