La legisladora María Celeste Ponce aún no respondió a las denuncias y acusaciones publicadas por el medio RealPolitik, y sólo publicó la frase "Si Dios está conmigo... ¿Quién contra mí? Amén", en su cuenta de Instagram.

Ahora, su pasado cercano pareciera arrinconarla y no son pocos los que exigen su renuncia.

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) en representación de la provincia de Córdoba, y su situación aumenta las tensiones en el seno del libertarismo nacional.

Por el momento, la polémica legisladora ha decidido permanecer en silencio en relación a las controversias que la rodean.

Toda la situacion se da en medio de la interna entre el presidente Javier Milei, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, no son pocos los que por lo que muchos comienzan a inclinarse a un bando o al otro.

El clima enrarecido en el seno de LLA comenzó a finales de junio, cuando los diputados libertarios Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo fueron la cárcel de Ezeiza, donde visitaron a los militares Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Mason.

A este difícil contexto se suman las denuncias que se acumulan en torno a la diputada María Celeste Ponce, que, según se desprende de documentación proporcionada oportunamente por este medio, le habría exigido dinero a sus asesores a cambio de contratos.

Cansados de la extorsión, al menos una de ellas decidió denunciarla y ahora la Justicia estaría en los primeros pasos de una investigación que promete dar que hablar.

Legisladora problemática

Es preciso mencionar que Ponce levantó polvareda en Córdoba en los inicios de su incipiente carrera política, cuando los partidos que armaron la alianza aseguraron que utilizó parte del dinero para sus gastos personales y jamás entregó facturas por lo gastado.

El escándalo se evidenció en los balances de los partidos, que tuvieron que presentar "observaciones" por estas irregularidades.

Además, al momento de asumir su precandidatura, Ponce aseguró en su declaración jurada ser abogada. Sin embargo, las universidades Siglo XXI y Blas Pascal advirtieron que esto no era cierto, lo que motivó el inicio investigaciones internas.

Ahora, dirigentes regionales que responden a Ponce aseguraron que la misma metodología, consistente en exigir dinero a cambio de contratos y puestos políticos, estaría siendo puesta en práctica por la diputada en las delegaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) de Río Cuarto y General Roca, que quedaron bajo su control una vez electa.

En esos mismos departamentos, Ponce se quedó con el manejo del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), y se teme que la oscura maniobra haya sido utilizada en las oficinas que manejan el destino de las jubilaciones de los cordobeses.