El juez federal Sebastián Casanello está cerrando la primera etapa de la investigación contra el Polo Obrero, luego de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento de su líder, Eduardo Belliboni, y otros miembros de la organización. Los cargos contra ellos fueron agravados por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”, delitos que implican penas de hasta 15 años de prisión.

La causa, que involucra el desvío de fondos públicos destinados al programa Potenciar Trabajo, apunta a que los recursos fueron utilizados para financiar actividades políticas del Polo Obrero, mediante la imposición de movilizaciones forzadas y extorsión a los beneficiarios.

La Cámara Federal destacó que las pruebas recogidas, incluidas comunicaciones internas, evidencian un esquema organizado para desviar fondos y obtener provecho partidario.

Aunque el caso avanza hacia juicio oral, la investigación continuará profundizándose sobre el papel de funcionarios públicos en el gobierno de Alberto Fernández. El foco ahora se pone en Emilio Pérsico, exfuncionario de Desarrollo Social, por su presunta complicidad con los líderes del movimiento social.

El Polo Obrero rechazó las acusaciones, denunciando que la causa busca desestabilizar a la organización y frenar su lucha contra el ajuste y el hambre.