El Honorable Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de La Plata tomó la decisión de abrir una causa disciplinaria contra las abogadas Carmelita Inés Iturria y Mariela Andrea Garay. Esta última es asesora de gabinete de la Subsecretaría de  Políticas Contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de la provincia de Buenos Aires.

Esta medida surge como consecuencia de una denuncia presentada por el letrado Christian Parodi, en la cual se alega presunta mala praxis judicial, falsas denuncias y armado de causas por violencia de género.

Los abogados Fernando Palazzo y Christian Parodi ampliaron la denuncia en las últimas horas y también mencionaron al abogado del Movimiento Evita, Ignacio Camilo Fernandez, representante legal de las implicadas.

El Consejo directivo del CALP emitió dictamen ordenando el sumario de los letrados investigados, quienes se encuentran denunciados por los delitos de "falsa denuncia (art. 245 del CP), instigación a cometer delito y encubrimiento".

Además, anticiparon a Causa Judicial que presentarán una denuncia penal por presunta extorsion. Según informó Christian Parodi, le habrían solicitado 30.000 dólares para frenar con el armado de causas en el fuero penal de La Plata.

En las últimas horas, el Consejo Directivo resolvió imprimirle el trámite disciplinario correspondiente a la denuncia, ordenando la notificación a las abogadas para que brinden sus explicaciones. Garay e Iturria presentaron su descontento y solicitaron el total rechazo de la denuncia.

La denuncia de Parodi abarca una serie de acusaciones detalladas, incluyendo el uso de fotos privadas de su red social para solicitar medidas cautelares, falsas denuncias, y la presunta utilización de la posición de Garay como funcionaria del Ministerio de la Mujer para influir en el caso. Parodi también alega que las abogadas “contribuyeron a la conflictividad en lugar de buscar soluciones y vulneraron sus principios éticos fundamentales”.

En respuesta, Garay e Iturria negaron categóricamente todos y cada uno de los hechos detallados por Parodi. Argumentaron además que solo presentaron denuncias por violencia de género, solicitando la aplicación del Protocolo de Violencia por Razones de Género del Colegio de Abogados de La Plata. Y sostienen que la denuncia “constituye una represalia”.

Durante una audiencia, ambas partes ofrecieron pruebas para respaldar sus respectivas versiones de los hechos, incluyendo documentos y testimonios.

Finalmente, el Consejo Directivo concluyó que la denuncia “no es manifiestamente improcedente ni notoriamente infundada”, decidiendo remitir el caso al Honorable Tribunal de Disciplina para un análisis más exhaustivo.

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