El caso de la desaparición de Loan Peña, un niño de 5 años que lleva más de tres semanas desaparecido, puso al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en una situación delicada. El viernes 29 de junio, Valdés utilizó sus redes sociales para afirmar que se había dado “un gran paso” en la Justicia para resolver el caso. Sin embargo, su intento de calmar a la población ha resultado en lo contrario, aumentando las sospechas y la presión sobre su administración.

Durante la primera semana de la investigación, Valdés mantuvo un perfil bajo. Su preocupación inicial fue desligarse de unos audios virales apócrifos en los cuales una voz similar a la suya insultaba a los habitantes de la localidad de 9 de Julio.

Recién el 24 de junio, 11 días después de la desaparición, mencionó a través de la red X que el hecho “podría ser una posible causa de trata”. Posteriormente, el 29 de junio, volvió a las redes para hablar de “un gran paso en la resolución de la causa”.

Una declaración controvertida y vínculos sospechosos con el poder político

La declaración de Laudelina Peña, que el gobernador mencionó como crucial, añadió más sospechas. En sede judicial, la tía de Loan declaró que Loan había sido atropellado y que estaba siendo amenazada para guardar silencio. Sin embargo, su testimonio fue dado en una nueva causa, fuera de las actuaciones judiciales sobre la desaparición del niño, y no en la fiscalía de Goya, sino en la capital provincial.

La declaración de Laudelina fue patrocinada por el abogado José Fernández Codazzi, quien tiene vínculos familiares y de amistad con Valdés. Fernández Codazzi es yerno de Gloria Fornies, concejala de Esquina por el partido liderado por Valdés, y su esposa trabaja en el Ministerio de Seguridad de Corrientes. Además, Fernández Codazzi ha militado junto al senador provincial Diego Pellegrini, un hombre fuerte del armado de Valdés.

Durante su estancia en Corrientes, Laudelina se hospedó en una propiedad vinculada a Juan Carlos Acosta, hermano del ex jefe de la policía provincial. Fernando Burlando, abogado de la familia de Loan, sugirió que este hecho, junto con la custodia policial constante sobre Laudelina, indica una posible connivencia policial.

El “Operativo Accidente” planteado por la gobernación solo empeoró la situación, con protestas en reclamo de justicia que llegaron hasta la casa del gobernador el 1 de julio. La presión mediática y social sigue creciendo, y el Senado de Corrientes ha requerido la presencia del gobernador para que brinde explicaciones sobre su accionar y las declaraciones de Laudelina Peña.

Para colmo, la propia hija de Laudelina se presentó espontáneamente ante la Justicia para desmentir a su mamá. Macarena fue hasta el juzgado de Goya y dijo que le habían ofrecido una moto, una casa y dinero para inventar la versión del accidente.

Un futuro de incertidumbre

El mandato de Valdés culmina el próximo año, y aunque no podía optar por una reelección, su hermano Juan Pablo, actual intendente de Ituzaingó, era visto como su sucesor. La vinculación de Valdés en la causa de Loan ha cambiado ese panorama, poniendo en riesgo el poder que amasó en estos años.