Sin fecha de juicio por una causa de supuesta adjudicación irregular de la concesión de Puerto Pañuelo, Bariloche, el empresario imputado que dirige London Supply, Eduardo “Teddy” Taratuly, pidió permiso para viajar a Punta del Este a vacacionar. Esta solicitud fue aprobada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Feliciano Ríos.

Fue el mismo Tribunal que en junio pasado devolvió a la cámara federal porteña la causa por la supuesta adjudicación irregular de la concesión de Puerto Pañuelo, Bariloche, a la empresa London Supply -fuertemente vinculada con el kirchnerismo- por parte de la Administración de Parques Nacionales durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

Los miembros del TOF 2 decidieron que se resuelvan primero una serie de quejas pendientes en la instrucción antes de que vuelva, eventualmente, a juicio oral. En medio de esas idas y vueltas, el empresario gozará de unas vacaciones en Uruguay.

Corrupción

La causa se inició a partir de la denuncia formulada por el ex-presidente de la firma Puerto Blest S.A, Miguel A. Ricchiardi, ante la cámara federal porteña por la concesión de ese estratégico puerto de embarque en el parque nacional Nahuel Huapi.

London Supply tiene vínculos con el kirchnerismo. En abril del 2009, la propia  Cristina Kirchner inauguró la ampliación del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, de la ciudad de Ushuaia. 

Por otra parte, London Supply ayudó a Alejandro Vandenbroele a levantar la quiebra de Ciccone que pesaba sobre la imprenta que pronto pasaría a controlar. El ex vicepresidente Amado Boudou está condena por la apropiación ilegal de esa empresa.

En una nota se especifica que “procedimos a efectuar la transferencia que nos instruyeran por la suma de $1.800.000 a la cuenta judicial perteneciente autos “CICCONE CALCOGRÁFICA S.A S/QUIEBRA”. El pago se hizo a través del HSBC Bank Argentina. London Supply es, además, la concesionaria del aeropuerto santacruceño de El Calafate, la ciudad que la vicepresidenta considera “su lugar en el mundo”.

Esa compañía, además, tiene relación comercial indirecta con el entonces vicepresidente, Amado Boudou.

El diario La Nación reveló que el departamento de Puerto Madero en el que vivía el vice está a nombre Searen SA, una sociedad que es socia en dos empresas de London Supply. El presidente de Searen es Jorge Razzeto, vicepresidente del club Quilmes: su titular fue el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández.

En el 2009, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, la empresa se alzó también con la concesión del aeropuerto de Trelew, en Chubut, por un período de 25 años.

Luego la fiscalía federal 5 acusó a los imputados por supuestamente direccionar la licitación y luego no cumplir el contrato para Puerto Pañuelo.

“Primero en la APN direccionaron el proceso licitatorio y luego omitieron controlar debidamente y aplicar los correspondientes procedimientos sancionatorios ante los incumplimientos de las prestaciones comprometidas por la empresa London Supply (…) en claro beneficio de la concesionaria”, sostuvo la fiscalía.

En esa línea, afirmó que “las maniobras realizadas por los funcionarios y empleados de la Administración de Parques Nacionales consistieron en favorecer, a lo largo de las distintas etapas del trámite de concesión, a la UTE London Supply S.A. – El Rosario S.A., en detrimento de los intereses de la Administración Pública”.

Concretamente, “mediante la modificación de las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones, en dirección a beneficiar la posición de la empresa, tanto para convertirse en adjudicataria de la licitación, como mediante la flexibilización de cláusulas contractuales que generaron, posteriormente, una situación de laxitud por parte de los funcionarios de la APN, frente a sus incumplimientos en la etapa de la ejecución de la licitación”.

En particular, a los imputados Héctor Mario Espina (ejerció el cargo de presidente de APN desde tiempo anterior al llamado a licitación hasta el día 29 de agosto del año 2009), María Cristina Armatta (ejerció el cargo de vocal desde tiempo anterior al llamado a licitación hasta el día 21 de marzo de 2012), Patricia Alejandra Gandini (ejerció de forma continuada los cargos de vocal, vice-presidente y presidente, desde tiempo anterior al llamado a licitación hasta el día 31 de marzo de 2013) y Raúl Alberto Chiesa (ejerció de forma continuada los cargos de vocal y vice-presidente, desde tiempo anterior al llamado a licitación hasta el día 15 de enero de 2014), se les atribuyó haber intervenido en “la adopción de la Resolución APN nro. 139 de fecha 7 de junio".

Un primer informe del arquitecto Francisco N. Galeazzi, integrante de la Coordinación Regional Patagonia Norte, dependiente de la Dirección de Obras e Inversión Pública de la APN, dio en el 2016 que “el estado de las obras hasta allí ejecutadas y/o en proceso, y se traza una comparación “ítem por ítem” con los objetivos previstos en el pliego. El resultado es contundente: sólo se había ejecutado el 43% de las obras estipuladas, pese a que ya habían transcurrido más de nueve años desde el acto de adjudicación (y más de siete años desde que la firma concesionaria diera inicio a los trabajos y comenzara a percibir los ingresos producto de la explotación del predio)”.

Por estas pruebas, el juez Casanello en abril del año pasado procesó y embargó a varios de los imputados. Así impuso “la suma de $160.000.000 (ciento sesenta millones de pesos argentinos) sobre los bienes de la persona jurídica London Supply S.A. con la finalidad de asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias”. Igual suma aplicó integrantes de la firma (Eduardo Taratuty, Bonnet, Iriarte y Heredia Lafuente) como sobre el patrimonio de los funcionarios públicos involucrados (Espina, Armatta, Gandini, Chiesa, Bernard,), atento a que sus conductas convergieron en el objetivo y en el resultado de beneficiar a aquella en perjuicio del Estado nacional; es decir, hay corresponsabilidad”.