En las últimas semanas, varias figuras del Gobierno de Javier Milei han sido cuestionadas por aceptar canjes publicitarios y dádivas, prácticas que contravienen la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188).

Esta normativa, en su artículo 18, prohíbe a los funcionarios públicos recibir regalos, donaciones u obsequios de cualquier tipo. La controversia ha desatado un intenso debate sobre la transparencia y los límites éticos en la gestión pública del actual Gobierno.

Uno de los casos más resonantes involucra a la diputada Marcela Pagano, quien generó polémica al compartir en sus redes sociales una fotografía de la cuna de su bebé, etiquetando y mencionando a las marcas Le Purret y Tuki Muebles. Este gesto fue interpretado como un canje publicitario encubierto, provocando críticas que señalan un posible incumplimiento de la ley, señaló Realpolitik.

El episodio de Pagano no es aislado. Otras figuras del entorno presidencial también han sido cuestionadas. La vicepresidente Victoria Villarruel promocionó en sus redes sociales una reconocida cafetería porteña, lo que también levantó sospechas de posibles acuerdos publicitarios irregulares.

Por su parte, Manuel Adorni, economista y vocero presidencial, enfrentó críticas por usar la plataforma "Cafecito" para recibir aportes económicos. Ante el repudio público, el funcionario del Gobierno decidió desactivar esta opción, informó el medio Realpolitik.

A estas situaciones se suma la diputada Lilia Lemoine, quien agradeció públicamente al Grand View Hotel de Buenos Aires por facilitarle instalaciones para trabajar mientras el Congreso Nacional no resolvía la asignación de oficinas. Si bien el gesto fue visto por algunos como un acto de cortesía, otros lo consideraron un claro ejemplo de dádiva que podría contradecir la ley.

Estas prácticas han generado una creciente preocupación sobre la ética en el Gobierno de Javier Milei, especialmente considerando su discurso de lucha contra la corrupción y la transparencia en la administración pública.

La situación también plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control interno para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes. Resaltó el medio Realpolitik.

En un contexto donde la confianza pública es crucial, las acciones de los funcionarios de alto perfil son observadas con lupa. Mientras los cuestionamientos continúan, el Gobierno enfrenta el desafío de demostrar su compromiso con la transparencia y el respeto por las leyes que regulan la función pública.