En el marco de la próxima marcha de este 20 de diciembre, donde el Gobierno pondrá en práctica un nuevo protocolo para controlar los piquetes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció una medida adicional: la disponibilidad de la línea telefónica 134 para recibir denuncias sobre posibles amenazas por parte de punteros políticos hacia beneficiarios de planes sociales.

Esta iniciativa se suma a los esfuerzos de la administración para desalentar la participación en la movilización convocada por organizaciones y partidos de izquierda, recordando los eventos de 2001 durante la crisis y protesta social.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Adorni evitó abordar la baja en la tasa de los plazos fijos dispuesta por el Banco Central, alegando la independencia de esta entidad respecto a la Casa Rosada, a pesar de la vinculación del titular del Banco Central, Santiago Bausili, con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Siguiendo la línea marcada por el presidente Javier Milei y replicada por las ministras Patricia Bullrich y Sandra Pettovello, Adorni reafirmó la intención de garantizar la libre circulación y retirar los planes a quienes corten las calles, ya sea detenidos por la Policía o identificados mediante otros métodos. Bullrich, por su parte, anunció el uso de drones y cámaras para detectar a los infractores según el nuevo protocolo.

En este contexto, Adorni hizo el anuncio de la línea telefónica 134 destinada a recibir denuncias. "Queremos contarles a todos, a los que reciben planes, que va a estar abierta la línea 134 para todo aquel que se sienta amenazado por algún puntero que los amenace con que si no llegan a ir a la marcha, les quitan el plan", expresó Adorni, instando a los beneficiarios a no creer en tales amenazas y a hacer uso de la línea de denuncias. Asimismo, aseguró que cada denuncia será analizada minuciosamente desde la Casa Rosada, con un equipo preparado para abordar cada caso.

"Tenemos la decisión de terminar con la intermediación como negocio. Está todo el Gabinete abocado a que ocurra. Cada una de las denuncias se analizará y se actuará en consecuencia. Y en tal caso se judicializará", subrayó Adorni, enfatizando la determinación del Gobierno de poner fin a prácticas que involucren la intermediación en la entrega de planes sociales.