Una semana después del cierre de la causa de Lago Escondido, en la que fueron sobreseídos los jueces y exfuncionarios que viajaron el Sur con empresarios, el fiscal federal Carlos Stornelli denunció a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por presuntas tareas de inteligencia ilegal.

El extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria al momento de los hechos que denunció Stornelli es el chubutense José Glinski, quien ahora tras el cambio de gobierno tiene una banca en el Congreso Nacional como diputado por esa provincia. La denuncia le tocó al juez federal Ariel Lijo, uno de los jueces más poderosos de Comodoro Py.

El caso de Lago Escondido surgió en octubre del año pasado, cuando se conoció que jueces y ex funcionarios viajaron a Lago Escondido, a la estancia de Joe Lewis.

Cobró mayor relevancia política en diciembre de ese año, cuando se filtraron presuntos chats en los que los participantes de la excursión al Sur conversaban sobre la difusión que había tenido su viaje, sobre cómo instalar públicamente otra versión de lo sucedido y sobre cómo frenar el avance de esta causa penal. Los acusados lograron que el caso pasara de los tribunales federales de Bariloche a los tribunales de Comodoro Py, donde fueron finalmente sobreseídos.

En el fallo que sobreseyó a todos los involucrados la semana pasada, el juez federal Sebastián Ramos afirmó que la denuncia se fundó en datos y referencias obtenidos producto de un accionar irregular que podría llegar a constituir infracciones a la ley de inteligencia nacional 25.520, haciendo expresa alusión a conductas que se atribuyen al accionar, allí, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Según Ramos se probó que hubo “una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad (por la PSA) y otros organismos del Estado, y que las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados”.

Concluyó que “fue como resultado de esa maniobra ilícita que se produjo información que fue brindada públicamente por redes sociales” y que fue de esas redes de donde las concejalas habrían sacado el dato del viaje que luego difundieron y que se publicó en medios de comunicación.

Stornelli tomó las conclusiones del juez Ramos como disparador para denunciar el accionar de la fuerza aeroportuaria en relación a ese viaje pero también a otros expedientes en los que supuestamente excedió sus funciones. Describe, por ejemplo, que la PSA habría sido responsable de la inutilización del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el hombre que atentó contra Cristina Kirchner.

“Imperioso resulta conocer, no solamente el fundamento de la existencia de una “oficina de inteligencia” en la PSA, sino qué actividades ha desarrollado y a quienes las ha reportado”, dijo el fiscal en la denuncia.

Fueron beneficiados por el fallo de Ramos los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials, al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, al empresario Tomás Reinke y al exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth.

En la denuncia a la que accedió la prensa Stornelli se refirió a la PSA y dijo: “Esta Fuerza, además, ha sido utilizada numerosas veces, entiendo que de manera desprevenida, como “mini” policía para realizar diversas diligencias que nada tienen que ver con su gestión”.

Y completó: “Estoy en condiciones de afirmar, al menos en cuanto a la necesidad de promover una investigación, que esta Fuerza, desde hace algún tiempo que no puedo precisar, ha desnaturalizado su función específica y se ha dedicado, entre otras cosas, a seguimientos, intromisión en la vida privada de las personas, seguimientos fílmicos y fotográficos que lejos están de sus obligaciones específicas y más bien podrían, quizás, enmarcarse en actividades de inteligencia ilegal, excediendo las funciones específicas para la que fuera concebida”.