El armador libertario en la provincia de Buenos Aires, Sebastían Pareja, fue incluido en la causa penal que investiga los contratos del Ministerio de Capital Humano con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

El fiscal federal Ramiro González abrió una causa penal para investigar la denuncia por contrataciones irregulares dentro del Ministerio de Capital Humano a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos.

El expediente, impulsado por el periodista Christian Sanz, entre los implicados está Sebastián Pareja, el armador de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia y uno de los hombres de confianza de Karina Milei.

También están Pablo De la Torre y Joaquín De la Torre; el secretario de Educación Carlos Torrendel; y los integrantes de la llamada "banda del Opus Dei", formada por el diputado Santiago Santurio, y los legisladores bonaerenses Agustín Romo y Nahuel Sotelo.

Su presunta participación en los contratos firmados entre el ministerio y la OEI habrían dejado a Pareja pegado a la causa, que investiga los delitos de extorsión, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la gestión y malversación.

Sin embargo, la inclusión del armador libertario en la causa se da en medio de la interna que Sandra Pettovello sostiene con la hermana del presidente Javier Milei y en el Gobierno nacional consideran que es parte de la crisis entre las funcionarias.

Desde Casa Rosada apuntan que "está quedando expuesto que el gobierno está en manos solamente de Karina y Santiago Caputo", "mientras no encuentran un cortafuegos que salve al Presidente del incendio de Pettovello".

En este contexto, los principales esfuerzos de La Libertad Avanza giran en torno a despegar a los legisladores del escándalo, algo que interesa particularmente al sector con sede en San Miguel (donde operan los De la Torre y la banda del Opus Dei).

Cabe señalar que Santurio es el padrino de Federico Salvatierra, el director de Apoyo Judicial de la Policía Municipal de esa ciudad. El espía responde al diputado, e incluso se apunta dentro de la fuerza que el propio Santiago sería el ideólogo de su creación.

Entre tanto, en el municipio aseguran que Romo no necesita los beneficios de los contratos, ya que atraviesa un buen pasar económico y uno de sus familiares es dueño de estaciones de servicio.

Sin embargo, los recursos le permitirían "hacer caja" y financiar a sus trolls en redes sociales. Por lo pronto, tras conocerse la denuncia los legisladores fueron citados a Casa Rosada, y en su entorno sospechan que recibieron un duro reproche de Karina Milei.

Detalles de la denuncia

En cuanto a la denuncia, el expediente recayó en el juzgado Criminal y Correccional Federal 6, del juez Ariel Lijo. Casualmente el magistrado es el candidato de Milei para ser ministro de la Corte Suprema.

En este contexto, el fiscal González investigará la existencia de conductas "penalmente relevantes" dentro del Ministerio de Capital Humano, y citó a declarar tanto a la ministra Pettovello como al titular de la OEI.

La sospecha es que, a través de los contratos con el organismo, la Secretaría de Niñez y Adolescencia (entonces a cargo de Pablo De la Torre) se habría contratado funcionarios de forma irregular y utilizado dólares para pagar sus sueldos.

También se le solicitó de forma urgente al Ministerio que entregue documentos vinculados a las contrataciones, y se citó a declarar como testigo al subsecretario de Gestión Administrativa de la cartera, Alejandro Schiavi.

Una denuncia presentada por el propio ministerio aseguraba que uno de los funcionarios, Federico Fernández, había confesado la situación e implicado a De la Torre. Sin embargo, desde el entorno del ex funcionario aseguran que hubo maniobras extorsivas para lograr la confesión.