La Coalición Cívica ARI (CCA) presentó una denuncia penal contra Malena Galmarini, presidenta de AySA, y contra Mauricio Filiberti, dueño de Transclor SA. Filiberti, pidiendo que se los investigue por una contratación supuestamente plagada de irregularidades, a la vez que los acusó de los delitos de fraude a la administración pública y violación de los deberes de funcionario.

La denuncia la efectuaron en los tribunales de Comodoro Py el auditor de la ciudad de Buenos Aires Juan Calandri, la diputada nacional Mariana Zuvic y el legislador porteño Hernán Reyes, 3 integrantes del partido que lidera Elisa Carrió y a la misma le tocó, por sorteo, al juez federal Sebastián Ramos.

Según se informó, la denuncia alcanza también a otras autoridades de AySA, como el gremialista José Luis Lingeri, representante del 10 por ciento de las acciones de la empresa que fueron asignadas a los extrabajadores de Obras Sanitarias de la Nación.

El contrato que cuestionan lo ganó Filiberti gracias a que en junio de este año se presentó como único oferente de la licitación por la que cobrará más de 127 millones de dólares a cambio de explotar, mantener y abastecer de policloruro de aluminio (PAC) una planta de AySA hasta 2028.

¿Qué denuncia la Coalición Cívica ARI?

Para la CC, se elaboró un pliego a la medida de la empresa de Filiberti y se le hizo perder millones al Estado. "Malena Galmarini podría haber reclamado la prórroga del acuerdo marco vigente por dos años más, lo que mantendría el precio de provisión del PAC en una cifra muy inferior en dólares (entre 390 y 430 dólares la tonelada), lo que le permitiría al Estado ahorrar, en dólares, entre un 15 y un 25 por ciento", sostuvo la CC.

Asimismo, añadió: "En cambio, AySA anunció la firma de un nuevo contrato por el que se pagarían 504 dólares por tonelada. Galmarini se propuso asegurarle a Filiberti el negocio por cuatro años más, es decir, durante el mandato del próximo presidente".

En tanto, los dirigentes del partido liderado por Carrió presentaron, también, una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante solicitando que se apliquen penas y multas y que se ordenen medidas procompetitivas.

"Transclor SA incumple la Ley de Defensa de la Competencia debido a que permanece en una posición de dominio basada en tres factores principales: el acceso a insumos clave, la economía de escala y la integración vertical", expresaron Calandri, Zuvic y Reyes.

"Desde hace 20 años, la empresa Transclor es la que opera la planta de Bernal que pertenece a AySA y produce el PAC, insumo que le vende a la propia AySA, entre otros clientes. El otorgamiento de esta concesión manipulada y parcial, que objetamos y denunciamos desde la CC, le permite a Transclor elaborar el insumo a un costo mucho más barato que sus competidores, dado que lo produce en la planta que pertenece a AySA y que tiene bajo su control. Sin embargo, se lo vende a la propia AySA a un precio excesivo, sin descontar todos los beneficios que la empresa recibe", denunciaron.

Los dirigentes de la CC responsabilizaron a Sergio Massa al señalar: "Es el garante de la continuidad de un sistema de corrupción kirchnerista que venimos denunciando hace años, y de un sistema de capitalismo de amigos que quiere profundizar".

Según la Coalición Cívica, para fijar el precio de la tonelada de PAC en 504 dólares, AySA contrató a una consultora, quien realizó un análisis de la composición del costo, de cuyo estudio "se desprenden elementos incoherentes, incompletos o sesgados" que habrían afectado el establecimiento del precio.

"En la denuncia mencionamos más de una decena de inconsistencias, como subestimar cantidades en el costeo, parcialidad en el precio de los insumos, utilizar cotizaciones de precios de insumos cuando el precio está en el pico más alto o no calcular el gasto energético cubierto por AySA", informó la CC.