En una decisión sumamente polémica, el gobierno de la provincia de Buenos Aires a cargo de Axel Kicillof entregó más de 25.000 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) a personas privadas de su libertad, con el objetivo de que puedan votar en las elecciones de este año. Esta iniciativa forma parte del Plan Documentario en contexto de encierro, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo titular es el precandidato a intendente de La Plata, Julio Alak.

Durante el mes de mayo, se han realizado más de 25.000 trámites en las 66 unidades y alcaidías que conforman el sistema penitenciario bonaerense. Estos trámites incluyen la gestión de más de 20.000 DNI, así como la obtención de partidas de nacimiento, cambios de género, reconocimientos de hijos/hijas, rectificaciones y certificaciones.

Según las autoridades, estas medidas forman parte de una estrategia de inclusión penitenciaria y post penitenciaria, destinada a reducir los índices de reincidencia delictiva, aunque se sabe que las fechas de los comicios están muy cerca y el objetivo principal es captar más votos.

Durante este año 2023, anunciaron que el programa continuará extendiéndose a través de los diferentes complejos del conurbano e interior de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de registrar y documentar a toda la población carcelaria.

Esta decisión generó un fuerte debate en la sociedad. Hay quienes consideran que otorgar el derecho al voto a personas privadas de su libertad es una forma de promover la inclusión y la participación ciudadana, mientras que otros argumentan que se trata de una medida inapropiada y cuestionable, ya que las personas privadas de su libertad han infringido la ley y, por ende, han perdido algunos de sus derechos.