La Casa Rosada y el Gobierno de la Ciudad participan desde las 11 de la mañana de una audiencia a puertas cerradas presidida por los ministros de la Corte Suprema. El ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta buscan solucionar el conflicto por la reducción de poco más de un punto de los fondos coparticipables de la Capital Federal que decidió Alberto Fernández en 2020.

Se trata de la primera audiencia post pandemia que se realiza en el cuarto piso del Palacio de Tribunales en el marco de la demanda iniciada por el jefe de Gobierno porteño pocos días después de la decisión de Nación. Vale mencionar que se trata de uno de los conflictos más álgidos que mantienen ambos gobiernos y que rompió la armonía que se había gestado entre el presidente y el mandatario opositor a principios de la pandemia de coronavirus.

En la previa al encuentro, desde Casa Rosada aseguraron que las expectativas están puestas en que la Ciudad acepte discutir el costo del traspaso de la Policía "con los informes presupuestarios concretos y números reales".

Subrayaron que De Pedro llevó al Palacio de Tribunales informes precisos del costo de los recursos transferidos y datos que supuestamente comprueban que el ex presidente Mauricio Macri le dio durante el gobierno de Cambiemos "más del doble" de los fondos que correspondían.

En esa línea, buscaron dejar en claro que Nación insistirá con que hubo discrecionalidad por parte de la gestión macrista y con la certeza de que "no hay ningún informe técnico" que justifique el monto asignado a la Ciudad durante el gobierno de Cambiemos. Según se supo, el funcionario nacional también llevará críticas respecto a la decisión de Larreta de judicializar el conflicto cuando "es algo que debe resolverse a través del diálogo político".

Vale recordar que a mediados de septiembre del 2020, Fernández decidió echar por tierra una decisión de su antecesor que había establecido la coparticipación porteña en un 3,5%. Fue cuando firmó un decreto en el que la redujo poco más de un punto, dejándola en el 2,3%, con una posterior revisión en el Congreso.