En un fallo histórico, el exsenador de la Provincia de Buenos Aires Antonio Armando Nieto fue condenado por su participación en una trama de contratación de empleados "ñoquis" en la Legislatura bonaerense.

Durante el período comprendido entre enero de 2008 y diciembre de 2011, el exsenador, perteneciente inicialmente al partido Unión Pro y luego a Unión Celeste y Blanco, defraudó a la administración pública provincial en al menos 39 ocasiones, generando un perjuicio patrimonial al Erario Público Provincial de más de dos millones y medio de pesos.

Por su parte, en el expediente también se mencionaba a María Lorenza Santacruz Franco, una allegada a Nieto que fue llevada a juicio por el mismo caso.

El juicio reveló que Nieto, en complicidad con su hijo y su secretario administrativo del bloque, contrató a personas que nunca prestaron funciones en el Honorable Senado de la Provincia. La modalidad utilizada consistía en recolectar los datos personales y fotografías de personas de bajos recursos y escasa instrucción, bajo la falsa promesa de gestionarles cobertura social o subsidios a través del Senado.

Posteriormente, el exsenador presentaba estas propuestas de designación en el Senado, sabiendo que los supuestos empleados nunca cumplirían funciones reales. Algunos de los datos utilizados para estas propuestas eran obtenidos por una mujer propietaria de una peluquería, quien actuaba bajo la supervisión del secretario administrativo del bloque.

El hijo del exsenador, Leonardo Damián Nieto, también estuvo involucrado en estas actividades delictivas. Desde mediados de 2008, asumió el cargo de Secretario de Bloque y continuó realizando las mismas prácticas fraudulentas de su predecesor. Contactaba a personas de su entorno, ofreciéndoles cobertura social a cambio de la firma de documentos en el Senado y cobrando sus haberes en cajeros automáticos.

Después de un proceso judicial exhaustivo, el exsenador, su hijo y el secretario administrativo del bloque, Alfredo Fabián Digiano, fueron condenados por fraude en perjuicio de la administración pública.

Nieto fue sentenciado a cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que su hijo y el secretario administrativo recibieron penas de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua.

El tribunal impuso reglas de conducta al condenado, como la fijación de residencia y la presentación periódica ante el Patronato de Liberados, bajo el apercibimiento de revocar la condicionalidad de la condena en caso de incumplimiento.