La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció formalmente la presentación de una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y todos los responsables del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido recientemente. Según el secretario General del gremio estatal, Rodolfo Aguiar, la denuncia se fundamenta en el presunto abuso de autoridad y la comisión de varios delitos.
"Desde ATE hemos decidido denunciar penalmente al presidente Milei y a todos los involucrados en el DNU", expresó Aguiar en su cuenta de Twitter. El dirigente sindical detalló que entre los delitos imputados se encuentra el abuso de autoridad, tipificado en el código penal, así como la usurpación de autoridad.
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— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) December 26, 2023
Desde ATE hemos decidido denunciar penalmente al Presidente Milei y a todos los involucrados en el DNU.
Por la comisión de varios delitos:
• Abuso de Autoridad, previstos y reprimidos en el art. 248 del C.P.,
• Usurpación de Autoridad (art. 243, inc. 3,…
Además, Aguiar mencionó un delito establecido en el artículo 29 de la Constitución Nacional, que sanciona a aquellos que ejerzan actos que impliquen asumir la suma del poder público en perjuicio de los argentinos y el gobierno.
Esta denuncia se suma a los cuatro amparos judiciales ya presentados en relación al DNU. Según fuentes judiciales, la denuncia fue enviada al Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, a cargo del juez Sebastián Ramos.
La acción legal de ATE refleja la postura del gremio estatal frente al decreto emitido por el presidente Milei. Desde su promulgación, el DNU ha generado controversia y críticas en diversos sectores de la sociedad. La denuncia penal presentada busca que se "investigue y se determine la responsabilidad de los involucrados en lo que consideran un abuso de autoridad y una vulneración de los derechos de los trabajadores".
El sindicato estatal no ha sido la única organización en manifestar su rechazo al DNU. Movimientos sociales y otros gremios también han expresado su preocupación y han convocado a movilizaciones para exigir la derogación de dicho decreto. Mientras tanto, se espera que la Justicia investigue las acusaciones presentadas por ATE y se pronuncie al respecto.
La presentación de esta acción legal demuestra la tensión existente entre el Gobierno y los sectores sindicales, así como las diferencias y controversias en torno a las decisiones tomadas por el poder ejecutivo.