La diputada española de Izquierda Unida, Eva García Sempere, recibió el pasado agosto en su buzón del Congreso de los Diputados una carta certificada que la sorprendió.

Un despacho internacional de abogados, Sidley Austin LLP, le informaba, primero en inglés y después en castellano, de que su nombre aparecía en las conocidas como "listas negras" de Monsanto.

En ellas, la multinacional de transgénicos y pesticidas recopiló secretamente información en 2016 y 2017 sobre casi 1.500 personas de diez países (144 en España) que podrían influir en una eventual prohibición o autorización del glifosato, un herbicida de uso masivo en agricultura y jardinería que según algunos estudios y varias sentencias en EEUU puede ser cancerígeno.

"Le escribimos en calidad de representantes legales de Bayer, que adquirió Monsanto en junio de 2018 (...) Nos ha contratado para realizar una investigación tras la aparición de ciertas informaciones en la prensa sobre la existencia de las denominadas listas de partes interesadas, que fueron preparadas por la agencia de relaciones públicas FleishmanHillard como parte de la campaña de Monsanto de 2016–17 para la renovación del glifosato (...) El objeto de esta carta es informarle de que su nombre aparece en una o más de las listas que hemos identificado en el curso de nuestra investigación", reza el escrito.

"Me sorprendió leerlo a pesar de que siempre he mantenido una postura firme contra el glifosato, tanto en iniciativas parlamentarias como en cartas dirigidas al Parlamento Europeo", explica García Sempere a eldiario.es.

Otros dos españoles habían desvelado antes su caso, Juantxo López Uralde (diputado de Unidas Podemos y exlíder de Equo) y María Merello, exconcejal por Equo en Puerto Real. 141 más deberían haber recibido también un mensaje del bufete contratado por los nuevos propietarios de Monsanto. Los listados incluyen a políticos, activistas, periodistas e incluso a Neil Young.

La centenaria farmacéutica alemana ha tratado de contrarrestar el escándalo que supuso el conocimiento de esas listas a través de informaciones periodísticas en Francia, uno de los países contrarios a su uso en la Unión Europea.

Las campañas ecologistas y políticas contra el glifosato y la campaña de intoxicación coincidieron precisamente con el proceso en el que a los socios comunitarios les tocaba decidir si renovaban la autorización del uso del herbicida, masivo en la agricultura y la jardinería.

Tras dos años de negociaciones y prórrogas en noviembre de 2017 el cambio de postura de Alemania inclinó la balanza para renovar el uso del fitosanitario hasta 2022. El frente de países contrario al glifosato tuvo a Francia e Italia a la cabeza. El bando que siempre se ha mostrado favorable al herbicida estuvo liderado por España, Gran Bretaña y Países Bajos. En España aún gobernaba el PP.

Hay estudios e interpretaciones diversas sobre el efecto del glifosato, pero las organizaciones ecologistas hacen hincapié en las que vinculan dicho producto con el cáncer.

Este año la revista Mutation Research ha publicado los resultados de una investigación que relaciona la exposición a herbicidas con glifosato con un aumento del 41% en la probabilidad de desarrollar linfoma no Hodgkin (LNH). La OMS incluye el glifosato en el grupo 2A (probablemente cancerígeno para humanos).

El lobby español "para la protección de las plantas"

Sidley Austin LLP, que ha sido contactado sin éxito la prensa, ofrecía en su primera carta a García Sempere una copia de la información sobre ella, a pesar de que aseguraba que no se habían encontrado datos personales "sensibles".

Con el aviso de que se trataba de documentación "privada y confidencial", García Sempere ha recibido este mes de octubre un listado de cinco páginas de información ordenada en cuadros de colores en el que se desgranan sus cargos ("miembro del Parlamento dedicada a asuntos de agricultura y medio ambiente") o su presunto nivel de influencia ("moderado"), y sobre quien podría ejercerlo (el Ministerio de Agricultura).

Es clasificada como una "influencer" (persona con capacidad de influencia) en la materia, que se posiciona "fuertemente en contra" del glifosato, lo que explicaría su inclusión en la lista.

También hay apartados sobre los mensajes que deben dirigírsele con el objetivo de "excluir el glifosato de la agenda política"; cómo hacerlo ("en talleres") y por parte de quién. En este punto se menciona a la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), el lobby español que representa al sector de fabricantes de productos fitosanitarios en España.

"No tenemos nada que ver con estas listas, pero tanto Bayer como Monsanto (cuando existía) pertenecen a AEPLA. Supongo que si aparecemos es como fuente de información sobre productos fitosanitarios. Una de nuestras misiones es ser interlocutor con las administraciones a nivel europeo, regional o local", aseguran fuentes de esta organización, clasificada como grupo de presión en el registro de lobbies de la UE, donde también despliega su labor como "embajadora del sector fitosanitario español".

En un informe que la asociación encargó a la consultora PWC en 2017, antes de que Bruselas decidiera renovar el glifosato, se asegura que "no renovar la autorización provocaría una disminución de la producción nacional en España de aproximadamente 2.124 millones de euros. En términos de empleo, la caída conjunta seria de 4.969 ocupados (un 0,03% del empleo nacional)". Su defensa de la inocuidad del glifosato en medios especializados agrícolas y ganaderos es frecuente.

Una portavoz de AEPLA explica que también se reúnen con diputados, partidos políticos y con funcionarios y cargos del Ministerio de Agricultura. Respecto a las relaciones de AEPLA con el departamento que dirige Luis Planas, fuentes del  mismo aseguran que se enmarcan en la normalidad de las conversaciones con las organizaciones y asociaciones de los distintos sectores relacionados con la agricultura.

En lo que concierne a sus conversaciones con diputados, no quedan registradas en ningún sitio, ya que por el momento no hay obligación de dejar constancia de los encuentros de miembros de las Cámaras con ningún lobby. La regulación de estos grupos de presión sigue pendiente en España a pesar de los requerimientos internacionales al respecto.

Cartas de agricultores con un texto casi calcado

Tanto Eva García Sempere como Juantxo López Uralde, los dos diputados españoles que han desvelado su presencia en la lista (ambos en el grupo parlamentario de Unidas Podemos), empezaron a recibir hace dos años decenas de cartas supuestamente escritas por agricultores españoles con un texto casi calcado en las que les pedían cambiar su postura contraria al glifosato.

"Parecía una suerte de campaña orquestada", explica Sempere. Uralde, que fue el primero que desveló que su nombre estaba en la lista de Monsanto el pasado agosto, dice que le pudieron llegar 200 de estas misivas al Congreso de los Diputados.

Sobre la información que recibió del bufete de abogados de Bayer sobre sí mismo, el político ecologista explica que incluyen su oposición al glifosato, que es diputado y las acciones a realizar sobre él como objetivo sobre el que el tratar de influir. "Me parece inaceptable, unas prácticas repugnantes. Buscan quien en cada lugar trabaja contra el glifosato para tratar de influirle", lamenta.

Ni él ni Sempere se fían de que la información que les ha proporcionado el bufete sea toda la que atesoran. En Francia se ha denunciado "la recolección de datos personales por medio fraudulento, desleal e ilícito".

Según las investigaciones de la prensa en ese país, en los archivos de Monsanto, además de la posición de las personas vinculadas al glifosato, se recogerían datos personales sobre sus pasatiempos, además de direcciones y teléfonos personales. "No deja de sorprender cómo trabajan con impunidad este tipo de multinacionales en función de posiciones políticas para tenernos controlados", lamenta la diputada, que confiesa una "sensación de desamparo".

Contactada por la prensa, la empresa Bayer en España, se remite al comunicado en el que el pasado septiembre informaban del fin de la investigación sobre las listas. El bufete Sidley Austin LLP habría analizado más de 2,4 millones de archivos sin encontrar datos "sensibles".

Según el informe, no tienen duda de que "las listas elaboradas eran detalladas, metódicas", aunque con el único objetivo de "defender claramente las posturas de Monsanto frente a grupos de interés y la opinión pública". Aseguran no haber encontrado indicios "que sustenten las acusaciones de los medios franceses en cuanto a que las listas eran ilegales".

El grupo químico y farmacéutico, cuyas acciones se han despeñado en bolsa en los últimos meses, va a invertir 5.000 millones de euros en el desarrollo de herbicidas alternativos que no estén basados en glifosato.

La multinacional de trangénicos y pesticidas Monsanto ya no existe con tal nombre. La marca corporativa de esta empresa, una de las más odiadas del planeta por su políticas comerciales dañinas para el medio ambiente y la salud, según los grupos ecologistas, fue eliminada por Bayer tras pagar 56.000 millones de euros (63.000 millones de dólares) para quedarse con sus productos y estructura.

La farmacéutica alemana podría haber hecho un mal negocio: los tribunales estadounidenses han dictaminado que la antigua Monsanto debe indemnizar a enfermos de cáncer que estuvieron en contacto con el glifosato. Ya les han condenado a pagar decenas de millones de dólares en sendas sentencias, que han recurrido. Hay 42.700 demandantes haciendo cola en EEUU y otros tantos en Argentina.