9 de noviembre de 2023
El abogado y ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra denunció a los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias y Martín Uriona, por "disfrazar" a Renzo Molina, un hombre acusado por narcotráfico, haciéndolo pasar como testigo de identidad reservada en una causa contra el ex juez correntino Carlos Vicente Soto Dávila. También incluyó en la denuncia a Carlos Stornelli y Sergio Torres.
“Utilizaron a un narco y lo disfrazaron de testigo. Y para evitar que la maniobra fuera descubierta, lo hicieron declarar con reserva de identidad, con la pantalla apagada y un sistema de distorsión de voz”, señaló Ibarra.
La denuncia fue formulada en las últimas horas y el sorteo se realizó ayer. La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N°2.
Según informó el abogado, todo comenzó después de que el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a Soto Dávila, a sus ex secretarios y a un grupo de abogados por presuntamente proteger y cobrar dádivas a bandas de narcotráfico que operaban en la zona.
El ex juez proclamó a los gritos su inocencia durante el debate, denunció que la causa fue armada y embistió contra la PROCUNAR, especialmente por sus vínculos políticos durante el gobierno de Cambiemos.
Aníbal Ibarra es el defensor de uno de los secretarios imputados, Federico Grau. Ante los jueces del tribunal, pidió la separación de la causa de ambos fiscales de la PROCUNAR y anticipó la denuncia penal que radicó en Comodoro Py. “Cometieron varios delitos y engañaron a todos para acusar a un juez y quedarse con un juzgado con competencia electoral”, dijo.
Ibarra apuntó contra Renzo Molina, quien aparece mencionado en múltiples escuchas telefónicas citadas como pruebas de cargo. Este hombre, según el ex jefe de gobierno, es un vendedor de menudeo que opera con cierta protección tácita de sectores locales de la Gendarmería Nacional y funge a veces como informante y otras como testigo funcional en causas por presunto narcotráfico.
“Está nombrado en la causa como narcotraficante y tiene varias conversaciones con miembros de la banda, en las que aparece comercializando o interviniendo en el tráfico de drogas”, sostuvo.
En la denuncia aseguró que los fiscales involucrados conocían la identidad del supuesto testigo, que se mantuvo protegida hasta avanzado el proceso oral y público, y su vinculación con el narcotráfico. “Pero utilizaron la reserva de identidad para que no se advirtiera la maniobra. Ahora todo quedó al descubierto”.
Renzo Molina declaró inicialmente en marzo del 2017. Su testimonio fue clave para incriminar a Soto Dávila, quien terminó renunciando y en prisión domiciliaria, y sus colaboradores, todos acusados de “conformar una organización criminal dedicada a cometer diferentes delitos contra la administración de justicia para garantizarle la impunidad a personas vinculadas con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes”.
PROCUNAR interviene directamente, junto con los fiscales locales, en el proceso, que tramita ante un tribunal conformado por jueces “prestados” de otras provincias: Juan Manuel Iglesias (Chaco), Rubén David Oscar Quiñones (Formosa) y Manuel Alberto Jesús Moreira (Misiones). Los integrantes originales del tribunal correntino se excusaron de intervenir en el caso.
Leé también: Funcionario camporista de confianza de Máximo Kirchner mandó a espiar a sus propios jefes: Castagneto y Kicillof
Según la acusación fiscal, el juzgado a cargo de Soto Dávila habría recibido pagos ilegales para que “se dictaran resoluciones, se omitieran o bien se demoraran fallos que debían dictarse, con la finalidad de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico. Esto ocurría mediante el dictado de órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión”.
La acusación contra Soto Dávila –ex juez federal con competencia electoral- eclosionó en 2017, año de los comicios de medio término durante el gobierno de Cambiemos. De la recusación y acusación planteadas hoy por la defensa de unos de los imputados subyace la sospecha de una influencia de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a cargo por entonces (y con estrechísima relación) con la cúpula de la Gendarmería Nacional.
Durante el juicio, Ibarra pidió al tribunal de Corrientes que separe a los fiscales, que formule la correspondiente denuncia penal contra ellos por la presunta comisión de delitos de acción pública y que se declare “nula” la declaración de Renzo Molina y todo lo derivado de ella en el marco de la investigación. Ahora reiteró el pedido y requirió que sean investigados por "Asociación ilícita", "Prevaricato" y por "Incumplimiento de los deberes de funcionario público".
