En las últimas semanas, un escándalo ha puesto en el centro de la atención a dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. Diego Vallejos, concejal del partido en Florencio Varela, y Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Socio Urbana y principal armador político del espacio en el territorio bonaerense, han sido señalados por presuntas irregularidades en la gestión de terrenos donados.

El origen de las denuncias radica en la declaración de Héctor Daniel De Olivera, un propietario de más de 20 mil lotes, quien intentó ceder estas tierras al Gobierno como parte de un acuerdo para cancelar deudas fiscales.

De Olivera asegura que durante las negociaciones, algunos funcionarios intentaron vender los terrenos sin su consentimiento, lo que lo llevó a presentar una denuncia formal. Los nombres de Diego Vallejos, Sebastián Pareja y Antonio Insaurralde, asesor jurídico e inmobiliario, figuran entre los principales implicados en esta situación.

Según fuentes cercanas al caso, Sebastián Pareja también podría haber ordenado la expulsión de Diego Vallejos del bloque de concejales de La Libertad Avanza en Florencio Varela.

Esta decisión se interpretaría como un intento de Pareja por reducir el impacto del escándalo en la estructura política del partido, especialmente en un distrito clave como Florencio Varela, donde el partido busca consolidar su influencia.

En diálogo con este medio, Héctor Daniel De Olivera afirmó que teme por su vida y espera que el fiscal general de Quilmes y la Justicia de la provincia de Buenos Aires tomen cartas en el asunto.

De Olivera declaró estar atemorizado por las amenazas de muerte que, según él, le hizo Daniel Vallejos a través de sicarios vinculados a la UOCRA.

Además, sentenció que ha recibido llamadas telefónicas exigiéndole financiamiento para la campaña por parte de las mismas personas mencionadas en la denuncia penal, lo que ha intensificado su temor por la seguridad de su familia y la suya propia.

Por su parte, ni Vallejos ni Pareja han emitido declaraciones públicas en respuesta a estas acusaciones. Sin embargo, el caso ya ha generado repercusiones tanto a nivel local como provincial, poniendo en duda la transparencia en la gestión de bienes públicos y la conducta de los funcionarios de La Libertad Avanza.

Esta no es la primera vez que Sebastián Pareja se encuentra en el ojo de la tormenta. En septiembre de 2024, fue involucrado en una causa penal por contrataciones irregulares en el Ministerio de Capital Humano a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Además, en octubre del mismo año, enfrentó críticas por la inclusión de candidatos con antecedentes penales en las listas electorales de La Libertad Avanza en Bahía Blanca.

La situación plantea serios cuestionamientos sobre los mecanismos internos de control dentro del partido y sobre la selección de sus representantes en cargos públicos. Mientras tanto, las investigaciones continúan su curso y se espera que las autoridades judiciales esclarezcan los hechos en las próximas semanas.

Este episodio también pone de relieve los desafíos que enfrenta La Libertad Avanza en su proceso de consolidación como fuerza política, especialmente en un contexto donde la transparencia y la ética política son demandas centrales de la ciudadanía.